Entidades académicas, empresarias y jurídicas rechazaron la reforma

"Es claro el sentido de vasallaje que se pretende imponer a los magistrados que deban administrar justicia", afirmaron y agregaron: "Los tres principales proyectos en que se sustenta la proclamada reforma resultan violatorios de principios fundamentales consagrados en la Constitución Nacional".

En este punto se refirieron a la reforma del Consejo de la Magistratura. "La reforma de los mecanismos de selección de los miembros del Consejo de la Magistratura puede conducir a una indeseable partidización de los jueces, incompatible con la independencia e imparcialidad", denunciaron.

Por su parte, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires "invita a sus socios y a la ciudadanía a participar activamente de la misma (la marcha de este miércoles), peticionando el rechazo de los proyectos de reforma judicial".

En tanto, en el diario La Nación salió publicada una solicitada titulada "¿Justicia para todos?", firmada por organizaciones civiles. 

"Las reformas previstas al Consejo de la Magistratura se orientan a someterlo a los vaivenes de la política", dice uno de los párrafos de la solicitada, que también advierte sobre las consecuencias "agraviantes para los jubilados" de las nuevas cámaras de casación.

Desde la Sociedad Rural, su titular, Luis Miguel Etchevehere, aseguró que éste "es el momento de involucrarse, hoy más que nunca, en la defensa de los valores republicanos y de nuestras instituciones", y convocó a la sociedad a seguir la sesión desde la explanada del Congreso.

"Somos productores agropecuarios pero somos antes ciudadanos comprometidos con nuestro país y preocupados por su futuro. Si realmente queremos vivir en un país mejor, si queremos ese país que soñamos para nosotros y para nuestras familias, este es el momento de actuar", afirmó.

Por último, el Movimiento Productivo Argentino (MPA), fundado por Eduardo Duhalde, manifestó  su "rotundo rechazo a los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso bajo el argumento de democratizar la justicia argentina".

Para esa organización, el Ejecutivo "pretende usar a los legisladores para domesticar al Poder Judicial, de la misma manera que ya lo ha hecho con otros sectores de la vida política, económica y social del país".