En su alegato De Sousa desarmó la hipótesis sobre la cual la fiscalía intentó construir una causa

Política

La defensa pidió la absolución y dejó en evidencia que los fiscales no lograron probar los cargos. Por el contrario todas las pruebas que obran en la causa demostraron que se trató de una "causa montada".

No sólo no se verificaron ninguno de los cargos sino que también fueron refutados de manera categórica por todas las evidencias”. Así comenzó el alegato final en el juicio Oil Combustibles a cargo de la defensa de Fabián De Sousa, socio de Cristóbal López y acusado por la fiscalía de partícipe en una supuesta defraudación al Estado por el otorgamiento de planes de pago de la AFIP para la petrolera. Durante las siguientes cuatro horas y media su abogado pidió la absolución, y se dedicó a atacar todos los puntos ciegos que el fiscal Juan Patricio García Elorrio no había podido probar en el caso. Pero además, disparó fuertes cuestionamientos a lo que consideró un “montaje” para elevar a juicio una causa cuya instrucción había sido defectuosa, apuntando especialmente al fiscal Gerardo Pollicita y al juez Julián Ercolini.

Con una inédita forma de presentación para un debate oral –favorecido por las condiciones de virtualidad del Zoom- el abogado Carlos Beraldi planificó una exposición de 9 ejes, pero lo hizo apuntalado, de manera audiovisual, con la proyección de los tramos de los testigos que en las sucesivas audiencias de los últimos dos años habían desmentido los ejes de la acusación. El énfasis principal de su primera jornada de alegatos fue poner en crisis la supuesta correlación entre la deuda por Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) y los préstamos entre compañías del Grupo Indalo, un filón al que la acusación se aferraba con vigor. Ayer, se recordó que varios de los testigos habían apuntado que las cifras expuestas por la acusación habían sido incorrectas, que no existió un proceso de vaciamiento sino que ocurrió lo contrario y que, a la par, y por el mismo monto de las asistencias financieras a compañías relacionadas hubo préstamos del sistema bancario y aportes de capital de los accionistas, según el análisis de los balances que hicieron Gustavo Montanini (el veedor que el mismo Ercolini colocó a cargo de la empresa) y Javier Llorente, el abogado de la sindicatura que intervino designado por la Justicia comercial.

Los fragmentos de video le agregaron una dinámica a la que nadie se opuso y la imagen dejó atrás interpretaciones sobre los dichos de los testigos, el ángulo que había buscado la fiscalía para salvar el requerimiento de elevación a juicio que quedó muy recortado desde el mismo alegato del Ministerio Público Fiscal, oído semanas atrás. “La prueba habla por sí sola”, sostuvo Beraldi que comenzó por desvirtuar la idea de que Oil fue “creada con el propósito de defraudar al Estado” y enumeró que para “montar una causa de estas características” se repitió una metodología que en 2013 había tenido los mismos protagonistas: una nota en el diario La Nación publicada por el periodista Hugo Alconada Mon y una denuncia penal de Elisa Carrió que en aquel momento resultó en un sobreseimiento firme. Mismo procedimiento se habría reiterado en 2016, solo que en ese caso –y con la intervención de Alberto Abad- derivó en este juicio.

La no retención

A la lista de “errores” que el artículo periodístico tenía (reconocidos por su autor en las audiencias) se agregó lo dicho por agentes de AFIP como Sergio Flosi donde quedó claro que Oil nunca fue “agente de percepción” o de “retención” del ITC, una cuestión que había quedado instalada. “Oil jamás percibió dinero de los consumidores ni retuvo fondos públicos de propiedad de la AFIP”, se alegó. La red de estaciones de servicio que cargaban el combustibles a los usuarios eran de terceros y estas empresas a su vez pagaban diferido a la refinería, única propiedad de Oil que debía declarar el impuesto en la venta que realizaba, aun cuando no la cobrase. El segundo objetivo de Beraldi fue presentar a la petrolera con números: entre la compra, las inversiones y su puesta en marcha requirió de u$s 334 millones bajo distintos ítems. “No se hace todo esto para pagar el impuesto en cuotas”, lanzó el abogado. El juicio es por el otorgamiento de dos planes de pago generales de AFIP a los que se adhería por internet y dos particulares, en iguales condiciones que otros 1.200 contribuyentes. Beraldi mencionó que sí existían otras petroleras que habían pedido lo mismo. ¿La principal? YPF ¿El motivo? Plan de inversiones. Idéntico al de Oil. Ayer se exhibió otra pieza documental: el pedido de plan que hizo el Consejo de la Magistratura con los mismos casilleros completados pero a diferencia del órgano de selección de jueces, le había aportado más documentación a la AFIP.

“¿Es posible que se diga que esta es una empresa constituida para el fraude?”, se preguntó negativamente Beraldi. Para esto fueron por los auditores que expusieron en el juicio que no detectaron “trato preferencial” cuando relevaron todos los planes que había otorgado la AFIP en ese tiempo. Pedro Ocamica, Adrián Salido, y hasta el propio Juan Carlos Santos, uno de los alfiles de Abad lo dijeron bajo juramento. Flosi aportó que también eran destinatarias de planes las actividades con “dependencia de precios fijados por el Estado”, como las naftas. Y que ese análisis no lo dejaban por escrito, sino que lo veían por sistema.

Impacto

Beraldi fue por el eje del impacto de la regulación de precios de los combustibles y cómo afectó el plan de negocios de la empresa por lo que se acogió a los planes de AFIP y puso de relieve que “si se hubiesen analizado bien los balances” se hubiese desmitificado que Oil compró los medios de comunicación y otros activos con lo producido en 2012. Es decir que no se habría fondeado con los impuestos y los planes (de 2013 y 2014) ya que la expansión del Grupo Indalo había ocurrido cronológicamente antes. “¿Alguien investigó si lo que se había puesto en las solicitudes era falso? Ni sindicatura comercial ni el cuerpo auditor de la AFIP hicieron estudios sobre circunstancias económico-financieras. No acreditaron nada. Ni lo investigaron”, se quejó Beraldi que machacó varias veces con las omisiones de prueba que nunca se buscó. La principal: jamás se realizó entrecruzamiento de llamados, correos, registros oficiales para establecer contactos entre Echegaray, López y De Sousa o con algunos de los otros funcionarios de línea involucrados. Tampoco llamaron a testimoniar a otros funcionarios que no estaban imputados en Oil 2. Aun así se avanzó en trazar una connivencia entre los tres. Según el abogado, el objetivo final de la maniobra lo consagró el propio Abad “anulando los planes diciendo “falsamente que eran falsos”.

“Trajeron a juicio a (Néstor) Sosa, el jefe de auditores como testigo estrella de la fiscalía”, ironizó Beraldi para recordar que él mismo se preguntó para que estaba convocado. “Un contribuyente puede pedir lo que quiera a la administración. La responsabilidad no está en el contribuyente. No debería haber ningún tipo de reproche al contribuyente”, dijo Sosa, insólitamente defendiendo a Oil. “No tengo duda que a Sosa le van a terminar explicando por qué vino a este juicio y eso va a ser probado en otro proceso”, fustigó el abogado.

Fue más allá: adujo que según la pericia –soslayada por la fiscalía- había arrojado que se pagaron $2.625 millones por ITC, sin merma de capital (se pagó el 151% del capital) más intereses de todo tipo.

Pollicita recibió castigo aparte: se recordó que tras seis años, una investigación desmembrada y un desistimiento de la AFIP para acusar a los funcionarios que intervinieron en el plan por lo ocurrido en este juicio, todavía no decidió si eleva o no a los pocos funcionarios que no tienen falta de mérito. Para la defensa, se quiso probar que hubo una “relación espuria” a través de un mail del 15/12/2015 donde una funcionaria que no fue imputada le reclama a la petrolera que regularice una deuda de “$5,40”. Literal.

Préstamos

El highlight de la jornada estuvo centrado en los préstamos entre empresas: “El flujo entre las empresas no genera cambios dentro del patrimonio de un grupo económico”, dijo Montanini en el video desmintiendo la hipótesis del vaciamiento. “¿Eran significativos los montos de préstamos intercompanies? Por números que vi algo de 4 mil millones, es importante, todos son grandes números. En términos relativos, es un endeudamiento de medio año de ventas”, relató el testimonio. Beraldi enfatizó. Medio año. El abogado concluyó que la AFIP “jamás” analizó lo que en realidad Oil hizo con el dinero que le quedaba tras acogerse a los planes “porque no puede hacerlo”. Y a la vez sostuvo que no fueron leídos correctamente los balances porque si se le restaban intereses que eran asentados, desaparecía la correlación de montos. La fiscalía “hizo las equivalencias a los martillazos”, lanzó.

Y se proyectó el testimonio del dubitativo Jorge Schiaffini –supuesto autor del informe de situación fiscal de Oil que sobrevivió toda la causa- aun cuando nadie se atribuyera su confección. Semanas después de declarar, Schiaffini terminó allanado.

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