Piden investigar posible extorsión en el escándalo de PAMI y ANSES

La investigación fue iniciada por el fiscal al tomar conocimiento de una maniobra que consistía en que funcionarios y empleados de ambos organismos serían obligados a entregar un porcentaje de sus haberes para asegurarse de esta manera continuar desempeñándose en sus funciones.

El requerimiento del fiscal federal no imputa ni nombra a funcionarios determinados, aunque consigna que la investigación es “en contra de aquellas personas cuya responsabilidad se determine a lo largo de la instrucción”

Alfredo “Capi” Rodriguez es el reponsable de ANSES en la provincia, mientras que Silvia Arolfo es la referente en el PAMI

Distintos programas periodísticos mencionaron que las contrataciones de personal, de funcionarios y de médicos en ambos organismos tenían que efectuarse respecto de aquellas personas que de alguna manera aseguren que iban a responder al partido LLA, “siendo determinante tal condición”.

En esos programas se hizo referencia a situaciones que se estaban produciendo en las delegaciones que ambos organismos poseen en distintas provincias, pero en particular, lo que estaba ocurriendo en las oficinas del Anses y del Pami con asiento en la provincia del Chaco.

Particularmente en el caso del Chaco, refirieron que existiría un balance con los datos de lo que cada una de estas personas aporta por mes, mostrando unas planillas con nombres, períodos, montos y destinos del dinero.

También señalaron que cada uno de los pagos habrían sido efectuados vía transferencia bancaria a cada uno los jefes de las delegaciones del interior de ambos organismos.

Durante el tratamiento de la noticia se mostraron distintas planillas de rendición donde se observa el título “LLA RENDICION DESDE DICIEMBRE 2023 HASTA 13/12/2024”.

“Frente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se observaban en dichas presentaciones, y al tratarse de sucesos que involucraban a organismos de carácter nacional, como su funcionamiento y también sus funcionarios, se decidió desde esta Fiscalía iniciar la Investigación Preliminar que se acompaña y requerir la apertura de la instrucción”, dice el fiscal en su escrito titulado “FORMALIZA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, REQUIERE INSTRUCCIÓN FORMAL”.

Así, el fiscal comenzó una investigación preliminar y ahora efectuó el “requerimiento de instrucción” para que se investiguen posibles delitos de acción pública.

Delito de extorsión

El artículo 168 del Código Penal establece que “…Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia, obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito…”.

“Se advierte que el medio comisivo empleado para finalmente obligar a las víctimas a entregar o ceder un porcentaje de sus haberes fue a través de claros actos intimidatorios, todo ello teniendo en cuenta el especial contexto en que se produjeron, y la necesidad de poder conservar sus fuentes de trabajo”, advirtió el fiscal respecto del caso investigado.

El fiscal ya ordenó las primeras medidas que se mantienen por ahora en reserva.

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