Consideran como "nulo" el acuerdo entre los policías y Urribarri

Política

El procurador general del Superior Tribunal de Justicia dijo que el pacto será usado en una denuncia penal.

El procurador general del Superior Tribunal de Justicia entrerriano, Jorge García, consideró que el acuerdo firmado entre el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y los representantes de los policías amotinados en Concordia es "nulo e ilegítimo" y que será usado en una denuncia penal que será presentada en febrero, a penas termine la feria. 

La presentación involucra a unos 70 policías, aunque la máxima responsabilidad recaerá en una docena de uniformados, confirmó García. 

Los agentes autoconvocados firmaron un acta-acuerdo tras aceptar la oferta del gobierno de Sergio Uribarri, que establece el sueldo básico en 8.500 pesos.

Para el funcionario judicial, el acta que fuera firmada el 9 de diciembre es nula, ilegítima y por lo tanto carece de entidad jurídica. El acta y la foto posterior de los negociadores junto al gobernador, que circuló por los medios y las redes sociales, son la prueba de que "se trató de un acuerdo arrancado a la fuerza, extorsivo, producto de la sedición", evaluó el procurador.

"Ni bien salgamos de la feria judicial se hará la denuncia penal. Será contra los cabecillas y los responsables de los actos de violencia en sede policial y, paralelamente, contra los ciudadanos que participaron de los saqueos, tal como ha quedado determinado en tantísimas filmaciones", detalló. 

Y agregó: "Así también contra los que crearon abiertamente las condiciones propicias para los robos, por ejemplo, efectivos sorprendidos por las cámaras mientras hacían mover a punta de pistola patrulleros apostados ante comercios que inmediatamente después fueron atacados". 

García consideró que "en las reuniones de trabajo vimos que algunos procederes se llevan puesto medio Código. El encuadramiento normativo de los funcionarios policiales está en el delito de sedición, con privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones graves calificadas, daños calificados, sustracción de bienes de uso público para fines privados y, además, la instigación a robos calificados. Por el lado de los autores de los saqueos, robos calificados de manera reiterada en aprovechamiento de la calamidad". 

Son tres las líneas investigativas en marcha: la que involucra a los efectivos que resolvieron unilateralmente ejercer la inacción, los ciudadanos que participaron de los saqueos y la hipotética complicidad entre sediciosos y saqueadores. 

"Con el Código nuevo todo esto será llevado a juicio oral: lo que antiguamente era la parte instructoria lo han estado llevando adelante los fiscales que aportarán en juicio las pruebas colectadas y en ese ámbito también se escuchará por primera vez a los implicados", explicó, antes de aseverar que "si bien el núcleo de la presentación está casi lista, el receso sirve para seguir incorporando pruebas fílmicas y datos testimoniales". 


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