La construcción descontrolada, un problema de fondo en La Plata

No es, efectivamente, una discusión nueva. Hace 15 años que, cada tanto, se instala en la superficie del debate en los círculos de decisión. Ya en el año 2000, trece antes del desastre de esta semana, la sanción de un nuevo Código de Ordenamiento  Urbano y Territorial (COUT, la ordenanza que establece a qué actividad puede destinarse el suelo y qué puede construirse en cada zona de la ciudad) tradujo en actualización normativa una certeza en la que coincidieron el poder político y el mundo académico y profesional: que el colapso estructural  era inminente (fundamentalmente, de los desagües, las cloacas y las redes de luz y gas) y que ponerle un dique resultaba una prioridad impostergable.

Ese Código, impulsado por el entonces intendente Julio Alak (hoy ministro de Justicia), puso tope a la altura de los edificios en el casco urbano (el cuadrado fundacional de la ciudad): hasta 10 pisos en el microcentro y hasta cuatro en los barrios. Y también a la densidad habitacional, de manera de evitar la proliferación de pajareras con numerosas unidades funcionales pequeñas que potencian la concentración demográfica.

Además, determinó la protección de los márgenes de los arroyos como espacios verdes de esparcimiento para evitar su saturación por urbanización y la creación de reservorios en el bulevar de la avenida Circunvalación, el anillo que rodea el casco fundacional.

Pero esa normativa limitaba el negocio de la construcción, galopante en años de crecimiento de la economía. 

La consecuencia: un formidable lobby de un grupo reducido pero poderoso de empresarios de la construcción que, a partir de 2007, ejerció presión sobre la nueva administración municipal y consiguió el favor del poder político.

El resultado: una reforma del Código que hizo más laxas las restricciones y dejó la administración del llamado boom inmobiliario en manos del mercado, que, como se sabe, se rige por la lógica de la rentabilidad y no por la de la responsabilidad. 

El saldo: el florecimiento, como hongos, de edificios más altos y más densamente poblados que dieron lugar a un cambio radical de la fisonomía de la ciudad. Prácticamente, a la aparición de una ciudad nueva que creció para arriba y multiplicó exponencialmente la demanda de infraestructura de servicios.

Una cuenta fácil: en cuadras donde vivían 30 familias, ahora viven 200.

Uno de numerosos llamados de atención ignorados: ya en 2009, cuando todavía no se conocía la letra precisa del nuevo Código -la versión final del proyecto se conoció prácticamente la noche anterior a su tratamiento en el Concejo Deliberante-, la Facultad de Arquitectura platense, que por entonces se quejaba de haber sido descartada como ente de consulta en esta materia, advertía el riesgo que implicaba la reforma que estaba en proceso porque "no toma en cuenta el estado de la infraestructura base de la ciudad, como la de agua y cloacas, para saber si podrá soportar un aumento de las densidades" habitacionales, según las palabras de su entonces decano, Néstor Bono.

Otro dato: para fines de 2010, un centenar de edificios no conseguían el certificado de final de obra porque las empresas prestatarias de servicios básicos (luz, gas, agua) admitían que ya no estaban en condiciones de proveerlos adecuadamente ante semejante crecimiento de la demanda.

El tema disparó una fuerte polémica que dominó la agenda platense por meses y fue eje de la campaña electoral de 2011. El arco opositor completo militó en contra de la reforma del Código, con apoyo de las instituciones profesionales de la arquitectura y la ingeniería, de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de organizaciones ambientalistas. Llegó, incluso, hasta la Corte de la Provincia, que congeló la aplicación de la nueva ordenanza pero terminó validándola.

En una solicitada firmada por legisladores locales y provinciales de todas las fuerzas políticas opositoras con representación parlamentaria, se señalaba que el nuevo cuerpo normativo "pone en riesgo de colapso a las redes de servicios elementales como cloacas, agua, luz y gas", "alienta una densificación desmedida", "propone la proliferación de edificios en el centro" y "promueve una ciudad con menos áreas verdes".

En diálogo con minutouno.com, el arquitecto y docente de la UNLP Ariel Iglesias, responsable de la redacción del Código del año 2000 en su condición de subsecretario de Planeamiento Urbano municipal, recordó que aquella norma "proponía una ciudad sustentable en el tiempo tanto social como ambientalmente", y aseguró que "la reforma (de 2010) no cumple con los insumos básicos de un proceso de ordenamiento urbanístico territorial y aparece como un producto en el cual sólo se consideran parcialmente variables relacionadas a intereses inmobiliarios en el corto plazo". 

Iglesias señaló que esos cambios "promovieron el aumento de la cantidad de metros cuadrados construidos y de las alturas máximas" de los edificios, y que ello acarreó "inconvenientes en cuestiones ambientales y funcionales, como por ejemplo la disminución de áreas urbanas absorbentes y sus consecuencias con los problemas de inundaciones, haciendo imprescindible la construcción de infraestructura de saneamiento que no se realizó".

"Al privilegiar el valor económico o la rentabilidad por una mayor explotación del uso del suelo, están afectando la calidad de vida en La Plata", agregó el especialista, y subrayó que "una ciudad sustentable es aquella en la que planificación y rentabilidad  no son términos antagónicos".

Por su parte, el titular de la Cátedra de Hidrología de la Facultad de Ingeniería platense, Pablo Romanazzi, propuso "cambiar de raíz la forma de pensar las ciudades".

En diálogo con Radio 10, dijo que estudia desde el año 1989 esta problemática en La Plata y contó que, en 2003, un equipo de profesionales de esa casa de estudios realizó un estudio que duró cuatro años "para ver qué obras había que hacer". "Lo presentamos en 2007 y hasta ahora no se han licitado", se quejó.

Luego sugirió "ensanchar al doble el canal del Arroyo del Gato, que viene del sudoeste, va por la ruta 2 y desemboca en el Río de la Plata", porque "es un cuello de botella". "Hay que eliminar las barreras", remarcó.

La discusión ya volvió a salir a la superficie, pero esta vez de entre los restos de una ciudad devastada que llora más de medio centenar de vidas sumergidas en una tragedia que acaso pudo haber sido evitada o, al menos, acotada. Ése será ahora, seguramente, el eje de la polémica.