Venta ilegal de armas a Croacia: denuncian "pacto de silencio"
Un juez chileno denunció hoy que existe un "pacto de silencio" entre tres generales involucrados en la muerte de un coronel que fue asesinado tras haberse descubierto la participación del Ejército en la venta ilegal de armas a Croacia.
La venta violaba el embargo dispuesto contra esa país por las Naciones Unidas, en 1991. El magistrado Claudio Pavez, que cerró el sumario y prepara el dictado de condenas, afirmó que los uniformados involucrados entorpecieron el curso de la investigación sobre el autor material del delito.
"Hay indicios indirectos muy difíciles de probar, pero que alguien dijera que Fulano es responsable no pasó nunca; se nota que existe un pacto de silencio", dijo al diario santiaguino La Nación, en declaraciones que reprodujo la agencia italiana ANSA, las que a su vez fueron levantadas por Telam.
El magistrado prevé dictar acusación por asociación ilícita contra el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) general (r) Eugenio Covarrubias, el ex subdirector de la Dine general (r) Víctor Lizárraga Arias y el ex jefe de la Dirección de Logística general (r) Carlos Krumm.
La imputación también alcanzará al ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército Manuel Provis y el coronel (r) Julio Muñoz, amigo personal del coronel asesinado, Gerardo Huber.
"Aquí hay un crimen que ocurrió a consecuencia de una asociación ilícita, de tal manera que es claro que existe ese delito en la investigación", dijo el magistrado.
Ciro Colombara, abogado querellante de la familia Huber, y la viuda del asesinado oficial, Adriana Polloni, señalaron que van a pedir la reapertura del caso ante los tribunales superiores.
En diciembre de 1991 Huber fue citado a declarar en el proceso por el tráfico ilegal de armas a Croacia, pertrechos militares que fueron descubiertos en Budapest, Hungría, y que determinaron en Chile la apertura de un sumario.
Tres meses después, el cuerpo del oficial apareció en el lecho del Río Maipo (en el sector cordillerano de Santiago) con el cráneo destrozado.
La causa estuvo caratulada durante 13 años como suicidio, hasta que el juez la cambió a homicidio calificado pocas semanas después de asumir el caso.
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