Gustavo Juliá, uno de los pilotos argentinos detenidos en España por trasladar más de 900 kilos de cocaína en un avión de Medical Jet, fue acusado en 2003 por la Auditoría General de la Nación por violar la ética pública que prohíbe trabajar en empresas estatales y al mismo tiempo ser socio de empresas prestadoras.
En ese momento, Juliá era gerente económico-financiero del PAMI y al mismo tiempo era presidente de Federal Aviation S.A y accionista de Medical Jet –propiedad de su padre, el brigadier José Juliá-, empresas que el PAMI contrataba para vuelos sanitarios.
Asimismo, trascendió que aportó económicamente en la campaña de Luis Barrionuevo cuando se presentó como candidato a gobernador de Catamarca. De hecho, el gastronómico viajaba en los aviones de Medical Jet.
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Al asumir Néstor Kirchner la presidencia, el nuevo interventor del instituto, Juan González Gaviola, lo removió de su cargo y la Oficina Anticorrupción lo denunció por la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
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En tanto, su padre prestó servicios en diferentes dependencias de la Fuerza Aérea. Fue agregado aeronáutico en países limítrofes y durante la Guerra de las Malvinas, fue jefe de Operaciones de la Fuerza Aérea Sud, por lo que cumplió la tarea de asesorar en todas las operaciones aéreas de combate.
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Durante la presidencia de Carlos Menem, el militar fue nombrado como jefe de la Fuerza Aérea. En el desempeño de sus funciones fue denunciado ante la Justicia por haber firmado un contrato por 18 millones de dólares con la empresa Cesel S.A., para la compra de material destinado a la reconversión de aviones Mirage, pero después de una investigación fue sobreseído de los cargos.
En 1991 el ex diputado nacional Franco Caviglia lo denunció, como así también a su antecesor en el cargo, el brigadier Ernesto Crespo, ante la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, por su presunta relación con los negocios aeroportuarios de Alfredo Yabrán.
Cuando Juliá se retiró de la Fuerza Aérea, se lo vinculó a Lanolec (la empresa de aviones reconocida por Yabrán como de su propiedad), y más tarde formó, según fuentes de la fuerza, con ayuda del empresario telepostal su propia firma de servicios aéreos: Medical Jet S.A.
Sin embargo, Juliá negó conocer al empresario cuando declaró ante la comisión antimafia de la Cámara de Diputados en 1998.
Por medio del ex ministro de Defensa y de Trabajo, el fallecido Antonio Erman González, Juliá logró una férrea relación con el presidente Menem y fue considerado por años un "intocable".
Gracias a esos contactos, su empresa pudo prestar servicios médicos sanitarios al PAMI y al SAME.
Otro detenido es el copiloto, Gastón Miret, hijo del brigadier José Miret, quien fue secretario de Planeamiento durante la dictadura de Jorge Videla. Además, había participado en la negociación por Malvinas.
Miret, además, fue quien le alquiló al dirigente paraguayo Lino Oviedo la casaquinta donde permaneció durante su estadía en Argentina.
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