¿Cómo está la causa a un año de la tragedia de Iron Mountain?

Pero además de la causa del incendio, existe otra que tramita en el fuero federal iniciada cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció ante la Justicia a la multinacional Iron Mountain, por presunto lavado de dinero.

La autoridad tributaria detectó maniobras financieras sospechosas de la compañía por 17,8 millones de dólares entre 2007 y 2014 y la investigación que acompaña el expediente judicial identificó en el funcionamiento de Iron Mountain Argentina SA una serie de comportamientos e inconsistencias que darían cuenta de delitos de lavado de dinero. Esta causa está en plena investigación a cargo del juez Sergio Torres.

Por su parte, el año pasado, la fiscal Marcela Sánchez aguarda los resultados de los análisis realizados por la División Siniestros de la Policía Federal Argentina sobre las muestras tomadas durante las tareas de remoción de los restos del galpón de la multinacional dedicada al manejo de documentación.

Según informaron desde la Fiscalía, en los próximos días recibirán los resultados de los análisis efectuados por la División Siniestros de la Policía Federal Argentina sobre los escombros de lo que fue el galpón situado entre las calles Azara, Benito Quinquela Martín y Gaspar Melchor de Jovellanos, en el barrio porteño de Barracas.

Asimismo, se esperan los informes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que se demoraron por cuestiones burocráticas. Esos informes permitirán echar luz sobre dónde comenzó el fuego, cuál fue la fuente, la temperatura del lugar, etc.

"Las pericias a la UTN se solicitaron desde el inicio de la causa e, inclusive, los diez ingenieros en distintas materias designados por la Universidad estuvieron presentes al momento del desmonte del predio, oportunidad en la que tomaron gran cantidad de muestras para la realización de su propia pericia en forma completamente escindida a la de la División Siniestros. Esto nos garantiza dos pericias distintas, llevadas a cabo por especialistas distintos y de distintas áreas, los cuales trabajaron con su propio muestreo, para poder tener una mejor y más acabada comprensión de lo ocurrido", explicó la fiscal Sánchez.

"Puedo entender que la sociedad y las familias reclamen resultados urgentes, pero hay que tener en cuenta no sólo el tamaño del galpón y la enorme cantidad de material que allí se guardaba, sino también la complejidad de la pericia encomendada, las enormes sumas dinerarias invertidas para contar con las maquinarias que permitieron los trabajos y el pormenorizado trabajo que efectuaron las decenas de especialistas intervinientes", hizo saber la fiscal.

El incendio en el depósito de Iron Mountain comenzó el 5 de febrero, cerca de las 8:15 de la mañana. Los empleados del galpón de la empresa dedicada a la gestión y almacenamiento de documentación reportaron el fuego en las instalaciones.

Luego del alerta, bomberos voluntarios y de la PFA, personal de Prefectura Naval Argentina y de la Guardia de Auxilio y Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires concurrieron al depósito de calle Azara 1245.

Murieron el comisario inspector Leonardo Day; de la subinspectora Anahí Garnica; de los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz; de los agentes bomberos Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli; de José Luis Méndez Araujo del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico Sebastián Campos; de Facundo Ambrosi del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha, y del rescatista Pedro Báricolo de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la investigación se supo que un inspector laboral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires clausuró en 2008 las instalaciones de Iron Mountain en Barracas, pero que el expediente desapareció. Poco después del incendio la justicia prohibió el ingreso al predio durante la investigación que busca determinar las causas.

Nadie podía ingresar sin autorización expresa. Pero el ingeniero Edgardo Castro, que trabaja desde 2005 como inspector en la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denunció que vio empleados de la compañía sacando documentación de las ruinas del edificio y cargándola en contenedores.

Uno de los procesos judiciales busca determinar las causas del incendio, y tramita en el juzgado nacional de instrucción en lo criminal, a cargo de Pablo Ormaechea. El otro expediente es por presunto lavado de dinero, y surgió de la investigación de AFIP, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), ante el juzgado criminal y correccional federal, a cargo de Sergio Torres.

En paralelo, la Procelac y la CNV investigaron sobre la documentación que resultó destruida por las llamas. Los resultados preliminares de ese análisis advierten que durante el siniestro se perdieron cajas con datos claves para investigaciones por presunto lavado de dinero que involucraban a los bancos Patagonia, HSBC, JP Morgan y BNP Paribás.

También consta en el expediente la denuncia de Edgardo Castro, ingeniero en Seguridad Ambiental y licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo, quien sostuvo que además que los otros tres edificios de Iron Mountain en la ciudad de Buenos Aires tampoco cumplen las condiciones mínimas de habilitación. Esos depósitos están en La Boca, Villa Lugano y Parque Patricios.