La Justicia frenó la extradición de un ciudadano peruano

Sociedad

El juez Casanello pidió al vecino país garantías para Oswaldo Quispe, acusado por terrorismo y solicito el resguardo de su hija nacida en Argentina.

El juez Casanello suspendió el juicio de extradición del ciudadano peruano Oswaldo Ceferino Quispe Caso, que fue requerido por Perú para ser juzgado por un supuesto ataque terrorista de Sendero Luminoso ocurrido en 1989. El magistrado pidió garantías sobre el trato que recibirá el acusado y resguardo de su hija y que se precisen las imputaciones.

Quispe Caso, detenido el año pasado en Argentina, fue requerido por Perú acusado de participar de un atentado de Sendero Luminoso el 9 de julio de 1989 en Arequipa y que causó la muerte a dos policías. El hombre tenía un pedido de captura internacional y fue hallado en el país bajo la identidad de un periodista.

En una resolución, el juez antes de resolver sobre la extradición pidió garantías de debido proceso y el resguardo del "interés superior" de la hija del requerido, de 5 años y que nació en Argentina.

Pidió el juez al Estado peruano "que identifique en detalle el régimen al que eventualmente sería sometido el extraditado tanto en calidad de procesado como si recayese condena" y "garantías de que no recibirá un trato más severo al que prevé la legislación argentina".

Casanello es el juez a cargo del juicio de extradición que se hizo el 20 y 21 de agosto pasado pero el día del veredicto, resolvió suspender el debate hasta que sean respondidos pedidos de informes a Perú respecto del imputado y otros en el país relativos su condición de refugiado y de su esposa.

"Es necesario solicitar información complementaria en términos del tratado de Extradición vigente" y actualizar informes a nivel local, sostuvo Casanello.

Fuentes judiciales confirmaron que el juez convocará a una nueva audiencia para emitir el veredicto una vez que reciba contestación a todos los requerimientos.

El magistrado solicitó que "el Estado peruano cumpla con una adecuada delimitación fáctica que permita circunstanciar en tiempo, lugar y modo la conducta para cuyo juzgamiento se pretende la extradición, su preciso encuadre jurídico y el imperativo de verificar la vigencia de la acción penal".

En tanto, los abogados defensores del acusado, Eduardo Soares y Roberto Perdía, argumentaron que el delito está prescripto y que le armaron una causa.

Para Casanello "tampoco queda claro cuál es la participación concreta que se le imputa en eventos del 9 de julio de 1989" y exigió "garantías de que el requerido no podrá ser juzgado sino en relación al hecho por el que se efectúa requerimiento y sobre el cuál se necesita mayor precisión".

El juez advirtió situaciones de torturas que pudieron haber recibido testigos y explicó que un gran número de ellos dijeron haber prestado declaración bajo violencia física y psicológica, "lo que sería compatible con una situación de tormento y otros malos tratos".

Las declaraciones de esos testigos "no pudieron ser controladas por las defensas" del acusado y por eso en el exhorto requirió al Estado peruano "garantías de que no serán utilizadas ni directa ni indirectamente como prueba de cargo".

Casanello tuvo en cuanta a la hija de 5 años que el acusado  tuvo en Argentina con su esposa, y  requirió "expresas garantías de que se adoptarán los recaudos necesarios para preservar el interés superior de la niña".

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