La Cámara Civil y Comercial Federal ordenó el pago de casi cinco millones y medio de pesos a nueve afectados y a los familiares de tres muertos por la explosión de la fábrica militar.
El Estado Nacional deberá indemnizar, con casi cinco millones y medio de pesos, a nueve afectados y los familiares de tres muertos por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida el 3 de noviembre de 1995.
La Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial Federal ratificó la condena de primera instancia que ordenó indemnizar con 5.462.817 pesos porque "la gravedad de los acontecimientos producidos tuvo proyecciones mortificantes con aptitud para provocar, en quien los sufrió, alteraciones disvaliosas de su espíritu, merecedoras de una indemnización a título de daño moral".
En el fallo los camaristas Alfredo Gusman y Graciela Medina sostuvieron que el Estado es responsable por la voladura de la fábrica por tener bajo su responsabilidad el organismo en el que se detectaron "alarmante condiciones de inseguridad y de prevención en el mantenimiento de la fábrica".
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Las indemnizaciones alcanzan los daños sufridos por las víctimas "portadoras de incapacidades absolutas y permanente significativas, que sufren múltiples dolencias tanto en su aspecto físico como psíquico" y los perjuicios por daños en viviendas y comercios que se "originaron al producirse las fatídicas explosiones, siendo estos daños la causa que provocó la desvalorización de las propiedades".
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El Tribunal también criticó los argumentos defensistas que señalaban que no podía descartarse que se haya producido por factores ajenos a su responsabilidad, como un ataque terrorista; y en ese sentido dijeron que "insistir con conjeturas tales resulta más propio de una novela de ficción que de la seriedad y probidad con que las partes deben comportarse en el proceso judicial".
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