Crearon un servicio de emergencias con médicos truchos

Sociedad

La Justicia de Mar del Plata investiga una causa muy compleja que incluye falsificación de documentos y el trabajo de personal sin capacitación. Un chico perdió el brazo por mala praxis.

Ocho personas están acusadas de integrar una asociación ilícita que brindó de manera irregular servicios médicos y de traslado en ambulancias en Mar del Plata. Llegaron a inyectarle una droga a un joven a raíz de lo cual perdió el brazo.

Además de las irregularidades administrativas, en las ambulancias trabajaba personal sin capacitación que diagnosticaba, recetaba y aplicaba medicamentos.

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Fue así que a fines de enero de 2008, un joven que se había accidentado fue atendido por personal de una de las empresas investigadas. Mientras lo trasladaban al hospital le dieron una inyección en el brazo que le provocó una infección y la posterior amputación de la extremidad.

La denuncia que formularon los padres del menor, fue la punta que permitió iniciar la investigación. Ese "médico" nunca pudo ser identificado.

La dirección de las operaciones estaba a cargo de Alberto Netti, quien murió durante la investigación, su esposa Francisca Lezcano y su hija Silvia Alfieri, con el apoyo de otros que prestaban sus nombres explotaron varias firmas comerciales. Según el expediente, "los imputados conformaron y participaron en una organización estable y permanente, para lucrar y enriquecerse ilícitamente bajo el rubro comercial de empresas de emergencias médicas".

La investigación de la fiscalía de Delitos Económicos comenzó en enero de 2008 y por la complejidad del caso y la cantidad de involucrados -tanto víctimas como imputados- terminó en febrero de 2013.

El fiscal David Bruna consideró que se cometieron los delitos de falsificación de sellos y de instrumentos privados, tenencia de material destinado a la falsificación, lesiones graves dolosas, estafa continuada, defraudación contra la administración pública y falsificación ideológica de instrumento público

De la investigación se desprendió que los imputados rotaban en sus cargos para evitar la correcta individualización y así responder judicialmente por el resultado de sus actividades desde el plano civil, comercial falencial o penal. Para eso, falsificaron documentos públicos y privados.

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