Perú sancionó a Google con el pago de unos US$77 mil por desconocer el denominado "derecho al olvido" de un ciudadano peruano, quien había pedido que se retiren sus datos del motor de búsqueda, según una inédita resolución adoptada por el Gobierno.
"Se resuelve sancionar a Google bajo la personería de Google Perú" por "no atender, impedir u obstaculizar, en forma sistemática, el ejercicio de los derechos del titular de datos personales", indica una resolución de la Dirección de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, decisión que fue adoptada en marzo pero que fue puesta a debate recientemente por la organización especializada Hiperderecho.
El organismo estatal había pedido a Google que oculte los resultados de búsqueda cuando alguien hiciera uso de su servicio para indagar por el nombre de un ciudadano peruano acusado en 2009 de haber cometido un delito contra el pudor público, pero que había sido absuelto.
Pese a ello, las acusaciones contra el denunciado seguían apareciendo en las listas cuando se hacía la búsqueda en Google, firma que puede apelar la decisión.
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Para Miguel Morachimo, abogado y presidente de Hiperderecho, la decisión es polémica, ya que pone en debate la "controvertida doctrina del derecho al olvido en Perú, una tesis que fue aceptada en algunos países como España pero expresamente negada en otros países de la región como Argentina o Colombia, por atentar contra la libre expresión".
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Según explicó el especialista en el portal de su organización, "reconocer que los intermediarios que facilitan el acceso a información en Internet están obligados a retirar la información personal de quien lo solicite, abre la puerta a escenarios de censura privada, usos maliciosos y en general incrementan los costos de operación de muchos servicios en línea".
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La ONG destacó que esta decisión contra Google sienta precedentes en Perú, ya que se aplica por primera vez el derecho al olvido.
Amparado en la Ley de Protección de Datos, el ciudadano peruano implicado recurrió a la autoridad gubernamental e hizo ejercicio de su derecho a cuestionar la negativa de una empresa a cancelar el registro.
La Dirección de Protección de Datos consideró que Google estaba plenamente obligado a respetar las leyes peruanas, incluso si era una empresa extranjera; porque trataba datos personales de un peruano y era accesible desde Perú.
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