Liberan al único detenido que quedaba por el accidente de TBA

Se trata de un abogado de la empresa que tenía la concesión del Ferrocarril Sarmiento.

La Cámara Federal porteña revocó una decisión del juez federal Claudio Bonadio y ordenó la liberación bajo palabra de un abogado de Trenes de Buenos Aires (TBA) que permanecía detenido en el marco de la causa por la tragedia de Once, que provocó 51 muertos.

Se trata de Carlos Lluch, abogado de TBA y el único que estaba detenido acusado de destruir documentación.

Bonadio, en tanto, deberá resolver ahora la situación procesal de los imputados, entre los cuales están los directivos de TBA, el maquinista Marcos Córdoba y los ex secretarios de Transporte kirchneristas Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime.

A principios de mes, por orden de Bonadio fueron arrestados Claudio Cirigliano, presidente de Cometrans; Carlos Ferrari, presidente de TBA, y Daniel Rubio y Darío Tempone, gerentes de Administración y Operaciones de TBA.

Todos fueron detenidos bajo la sospecha de haber ocultado o destruido documentación contable en el marco de la causa que investiga la tragedia de Once, una vez que el Estado Nacional le quitó la concesión a TBA de los ramales Sarmiento y Mitre.

Pero fueron liberados la semana pasada por orden de la Cámara Federal y el único que quedaba tras las rejas era Lluch.

Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah reprocharon al juez Bonadio no haber justificado debidamente por qué entendía que el abogado de TBA tenía que seguir preso.

El 22 de febrero una formación que llegaba a la estación de Once se estrelló contra el andén, accidente en el cual murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.

Por esa tragedia el fiscal de la causa, Federico Delgado, solicitó que se procese a "dos grandes conjuntos" de presuntos responsables por la tragedia: el Grupo Cirigliano, que incluye a Córdoba, y los funcionarios públicos que tenían injerencia en el control del funcionamiento y los fondos aportados al concesionario.

En esa lista se incluye a los ex secretarios de Transporte Schiavi y Jaime, al presidente de Cometrans Cirigliano, al titular de TBA, al directivo de TBA Antonio Cirigliano, y al motorman Córdoba.

En medio de las indagatorias para conocer las versiones de los acusados el juez Bonadio dispuso el 4 de junio las detenciones de los responsables de TBA por la supuesta destrucción de documentación clave.

El juez buscaba datos para el peritaje contable que se está realizando con vistas a establecer cómo la empresa había utilizado los subsidios que recibió durante los últimos cinco años.

De acuerdo a la causa, Lluch, abogado de confianza de Cirigliano, dispuso sacar la documentación de ese lugar y trasladarla a un predio de la empresa EMFER, perteneciente al Grupo Cirigliano, en la localidad de San Martín. En ese marco, los gremialistas de EMFER denunciaron que TBA quemó papeles, mientras se dispusieron allanamientos que permitieron agrandar las sospechas.

Sin embargo, los acusados señalaron que en ningún momento destruyeron documentación y que se limitaron a alejarse del edificio tras la intervención del gobierno.

La semana pasada, la Cámara Federal entendió que no había habido manipulación de la documentación y dispuso la excarcelación de Cirigliano, que se concretó tras el pago de una fianza de 5 millones de pesos.

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