Ley de Medios: la Corte rechazó el pedido de los diputados del PRO

Política

Los jueces argumentaron que quienes iniciaron la demanda no son parte del proceso y no están legitimados para esa solicitud.

La Corte Suprema de Justicia rechazó este martes el pedido de diputados de la oposición que habían solicitado la suspensión de la aplicación de la ley de Medios hasta tanto se cumplan con las pautas que fijó el alto tribunal al declarar la constitucionalidad de la norma.

En una resolución, la Corte rechazó el pedido de los diputados de Unión por Todos y del PRO para suspender la aplicación de la ley, al considerar que los que se presentaron no son parte en el proceso, es decir, no están legitimados para hacer la solicitud, indicaron fuentes judiciales.

Luego del fallo de la Corte que declaró constitucional la ley de medios, diputados macristas pidieron al propio tribunal la "suspensión de la sentencia" que declaró la constitucionalidad de la ley de medios.

La presentación fue firmada por Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Paula Bertol, Pablo Tonelli, Laura Alonso, Cornelia Schmidt-Liermann, Alberto Jorge Triaca, Gladys González y Roberto Pradines.

En el escrito que rechazó este martes la Corte por falta de legitimación, solicitaron  que "se suspenda la ejecución de la sentencia recaída hasta tanto se verifiquen los presupuestos fijados por la Corte,  como requisitos para que en la República Argentina rijan las garantías de libertad de expresión y libertad de prensa, fundamentos necesarios del Estado de Derecho y del sistema democrático establecido por el artículo primero de la Constitución Nacional".

Pidieron la suspensión de la sentencia hasta que "exista una autoridad de aplicación de la llamada ley de medios audiovisuales N° 26.522, que sea efectivamente "un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión" (considerando 74 de la sentencia de V.E.)".

También solicitaron que "se verifique la acción del Estado como "garante de la libertad de expresión", que garantice que "por la vía de subsidios, de reparto de la pauta oficial o de cualquier otro beneficio, los medios de comunicación (no) se conviertan en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas".

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