Piden revocar el sobreseimiento de Macri y Vidal por la represión en el Borda

Política

El fiscal Ricardo Sáenz solicitó a la Cámara del Crimen que revierta lo dispuesto por el juez Jorge López que sobreseyó al jefe de gobierno porteño y a su vicejefa.

El pedido fue realizado en una audiencia clave antes de que la Cámara resuelva si mantiene el criterio de la primera instancia, con lo que sólo quedará imputado por la represión un policía de la Metropolitana o si revoca el sobreseimiento de Macri y sus funcionarios porteños.

El fiscal consideró "prematuro" el sobreseimiento dispuesto en diciembre pasado a favor de Macri, la vicejefa, María Eugenia Vidal, y la cúpula del Ejecutivo de la ciudad por la represión de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda en abril pasado.

Al apelar el sobreseimiento el fiscal general sostuvo que si bien "es materialmente imposible que el jefe de Gobierno y sus ministros conozcan simultánea y pormenorizadamente cada uno de los asuntos que integran la agenda de la Ciudad", "lo que estaba sucediendo no podía escapar de sus conocimientos".

El fiscal sostiene que el juez Jorge Adolfo López no investigó los hechos y desvinculó a Macri como si la represión hubiera sido un exceso policial del que los funcionarios fueron ajenos. Pero desde las siete de la mañana mandaron siete ambulancias al lugar de la demolición, previendo que podría haber heridos.

En diciembre pasado, el juez López desvinculó a todos los funcionarios originalmente imputados, a Macri; la vicejefa Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín; el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y otros funcionarios y policías, dejando como único procesado al comisionado de la Metropolitana Martín Roth.

La represión ocurrió el 26 de abril del año pasado cuando durante la madrugada, un centenar de policías de la Metropolitana y varias cuadrillas entraron al hospital para tirar abajo el edificio donde funcionaba el taller protegido 19, en el que el hospital daba cursos de herrería y carpintería.

El proyecto del Gobierno de la Ciudad es construir en el terreno el nuevo Centro Cívico, pero los trabajadores habían logrado una medida cautelar que impedía que el edificio se demoliera.

Médicos y pacientes del neuropsiquiátrico protestaron, y la policía los reprimió durante casi cuatro horas, hecho que causó más de cuarenta heridos y ocho detenidos.

El fiscal pretende revocar los sobreseimientos porque hay medidas por realizar, por ejemplo no citó a testigos que tienen filmaciones.

También se cuestiona el enfoque que el juez dio a los hechos, si es un exceso policial, que se le fue de las manos a la Metropolitana sin que el jefe de Gobierno supiera nada ni tuviera posibilidad de intervención. O si  hay múltiples datos que indican que hubo una decisión política de demoler a cualquier costo con la intervinieron tres ministros. Cortaron la calle desde temprano, mandaron siete ambulancias para demoler un edificio que,  estaba prohibido demoler.

También fue desvinculado de la represión el ministro de Seguridad, Montenegro, a pesar de que habría constancias de que habría sido puesto al tanto de la situación, según indicaron las fuentes consultadas.
Por su parte, las defensas pidieron que se confirmen los sobreseimientos y así cerrar definitivamente la causa.

La audiencia de apelación se realizó en los tribunales de Viamonte al 4400, ante los camaristas Alberto Seijas y Carlos González, integrantes de la Sala IV, que ahora deben resolver.

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