El ministro de Justicia, Germán Garavano, anunció este lunes que en los próximos días el gobierno de Mauricio Macri firmará dos nuevos decretos de necesidad y urgencia (DNU), uno para postergar la implementación del nuevo Código Procesal Penal y otro por el traspaso del sistema de escuchas telefónicas a la órbita de la Corte Suprema de Justicia.
En un brindis de fin de año realizado con periodistas de distintos medios en el Ministerio de Justicia, Garavano formalizó que en los próximos días, se firmará un DNU que frenará la implementación del nuevo Código Procesal penal para hacer "ajustes significativos " al mismo, porque no está pensado para delitos graves, como el narcotráfico y el contrabando.

El DNU respecto al Código Procesal Penal es para frenar la implementación y hacer "ajustes significativos porque no está pensado para delitos graves como el narcotráfico y porque hay demasiadas facultades para los fiscales".

También se firmará otro DNU con el traspaso de las escuchas telefónicas que actualmente dependen de la Procuración, a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Para Gravano, las escuchas "no pueden estar en manos de fiscales, que son parte interesada en las investigaciones".

El ministro explicó que se atendió al reclamo de los jueces, quienes criticaron el actual sistema de escuchas.

Sin embargo, hay quienes piensan que el traspaso de las escuchas a la Corte Suprema implica en los hechos el retorno de las relaciones peligrosas entre jueces federales y agentes de Inteligencia y también del negocio de las pinchaduras ilegales.

En relación a ese punto, Gravano, dijo que el traspaso es precisamente para proteger la vida privada de quienes muchas veces quedaban expuestos, y para que pueda cumplirse la tarea de separar lo que es parte de una investigación y lo que es del ámbito íntimo.

Hasta ahora las escuchas están a cargo de Cristina Caamaño, titular del Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom) de la Procuración General de la Nación, que desde julio se encarga de esa tarea por decisión del Congreso.

Caamaño advirtió públicamente que la Constitución prohíbe los decretos en materia penal, que rige todos los procedimientos por los que se realizan escuchas, y remarcó la contradicción de que quien pretenda devolverle esa tarea a los ex SIDE sea un presidente procesado aún por su rol en una red de espionaje ilegal cuando era jefe de Gobierno porteño.

Respecto de Gils Carbó, Garavano dijo que tuvo conversaciones con la Procuradora sobre las reformas al Código Procesal, y que está de acuerdo en algunos puntos. Con respecto al pedido de renuncia a la Procuradora que se hace desde el gobierno, el ministro dijo que "ees una decisión de ella dar o no un paso al costado".

Respecto del caso AMIA, Garavano adelantó que el Gobierno avanzará en posibles direcciones al mismo tiempo, en primer lugar se mandaría al Congreso una ley para juzgar a los sospechosos iraníes en ausencia y paralelamente se harían gestiones para que Irán acepte realizar un juicio en un tercer país.

"Se va a discutir en el Congreso", expresó Garavano, y pidió "mirar hacia el futuro para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir en el país".

De todas maneras, fuentes de la cartera de Justicia aseguraron que desde el ministerio no creen que haya avances significativos en lo inmediato respecto del juzgamiento de los supuestos responsables y resaltaron que "no quieren generar falsas expectativas" sobre todo en los familiares de las víctimas.