El ministro de Justicia explicó que el nombramiento "en comisión" se debe a la necesidad del Gobierno de dictar "varios decretos de necesidad y urgencia", entre otros motivos, para "postergar la puesta en marcha del Código Procesal Penal", prevista a partir de marzo próximo.


El funcionario aseveró que el presidente Mauricio Macri "está en todo su derecho" de haber hecho las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz de la manera que lo hizo, y estimó que "en todo caso, la sociedad lo juzgará".

En declaraciones televisivas, Garavano recordó que "la Corte había planteado que estaba en una situación bastante irregular" con tres miembros, tras la renuncia de Carlos Fayt, y que "necesitaba unanimidad para resolver casos".

También dijo que, según la Constitución, "en caso de receso, el Presidente puede nombrar en comisión y al Presidente le parecía que transitar este camino de institucionalidad era nombrando" a los nuevos miembros de la Corte.

Además, aclaró que tanto a Rosatti como a Rosenkratz, Macri "no los conoce" y que los nombró "sólo por sus antecedentes académicos", sin tener en cuenta sus posiciones políticas.

"Creo que pesaron más sus perfiles profesionales", destacó Garavano, quien recordó que "son dos personas muy formadas en Derecho Constitucional, con miradas muy pluralistas en ambos casos. Ha sido una buena elección. Podrá causar sorpresa el método (de designación), pero hay casi consenso unánime de que son nombres intachables", según dijo.

El ministro trajo el recuerdo del ex presidente Raúl Alfonsín, quien según dijo, "utilizó ese método para nombrar jueces federales".

"Parecía que era el camino más rápido, en el caso de la Corte suele haber presiones, intereses, candidatos que van y vienen. El Presidente se sintió seguro con estas dos personas", confió Garavano.

Asimismo, el funcionario manifestó que Macri "nos dio instrucciones para iniciar el procedimiento que fija el Decreto 222. Estamos recabando antecedentes (de los ministros designados) y en enero los vamos a publicar; se va a abrir el proceso de impugnaciones, y se enviará (los pliegos) al Senado cuando se retomen las sesiones ordinarias", a partir del 1 de marzo.

Por último, Garavano dijo que, además de frenar la puesta en marcha de la reforma al Código Penal, el Gobierno pensó, para adoptar esta decisión, en "las subrogancias que vencen los primeros días de febrero".