Los diputados nacionales del Frente para la Victoria Carlos Kunkel, Juan Manuel Pedrini y Rodolfo Tailhade denunciaron al diputado justicialista y al jefe de bloque de Cambiemos a raíz del intercambio de mensajes a través del "whatsapp" durante una reunión parlamentaria.
La presentación fue realizada en los Tribunales de Retiro por los legisladores Carlos Kunkel (Buenos Aires), Rodolfo Tailhade (Río Negro) y Juan Manuel Pedrini (Chaco).

En la denuncia, que recayó en el magistrado Norberto Oyarbide, los diputados nacionales reclamaron que la Justicia investigue si la conversación para negociar por el debate de la ley Cerrojo entre Bossio y Massot puede incluirse en el delito de cohecho.

Los legisladores presentaron la denuncia luego de que trascendiera una conversación a través de WhatsApp entre el jefe de la bancada PRO y el diputado del bloque Justicialista en la que hablaban del respaldo que busca el macrismo para la aprobación de la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano.

Tras la polémica que disparó la difusión del chat en redes sociales, tanto Bossio como Massot reconocieron haber mantenido la charla, pero minimizaron su contenido y señalaron que se trata de una negociación habitual entre los distintos espacios parlamentarios.

En la presentación a la que tuvo acceso ámbito.com se realizó un resumen del hecho y se transcribió la conversación entre los diputados del Cambiemos y el bloque Justicialista. Además refieren que el diputado Massot a través de un periodista confirmó la veracidad de la conversación.

"Del texto de esa comunicación se desprende una serie de comentarios altamente sugestivos, que permiten al menos sospechar la posible existencia de una transacción para obtener el voto favorable al proyecto de ley en discusión", señalaron los diputados del FpV en la denuncia.

Según consideraron, "el detalle de la comunicación entre ambos diputados nacionales parece reflejar la existencia de un acuerdo económico antes que político, relacionado con el proyecto de ley en estudio".

"Resulta además preocupante que frente a la difusión pública de los hechos sobre los que versan esta denuncia, no haya tomado intervención de oficio un fiscal, dado que podría tratarse de delitos de acción pública y cometidos en marco de una situación de extrema gravedad institucional", se quejaron los integrantes del bloque en el texto.

Además tomando como base el diálogo, escribieron que "resulta relevante en este punto señalar que en el "argot" cotidiano, la expresión "arreglar" y "sanguichitos" remite a acuerdos de contenido económico habitualmente de origen ilegal".

Y agregaron: "Nos encontramos frente a un hecho de extrema gravedad institucional, cuyas características habilitan a conjeturar la posibilidad de un ilícito. El episodio podría configurar delito en los términos de los arts. 256, 256 bis y 258 del Código Penal, que tipifican las figuras del cohecho pasivo y cohecho activo, y que reprimen con prisión de hasta seis años al funcionario público que recibe y al que ofrece dinero o cualquier otra dádiva para hacer algo relativo a sus funciones".

Tras quedar a cargo del caso por sorteo, Oyarbide dará vista a la Fiscalía, para que determine si corresponde o no impulsar la investigación e imputar a los denunciados.

Antes, el presidente del bloque del PRO en Diputados, Nicolás Massot, minimizó la polémica por la difusión de un Whatsapp que mantuvo con Bossio y dijo que estaban acordando una reunión sobre el proyecto de ley sobre los fondos buitre porque "ahora las leyes se consensúan".

En declaraciones a Radio Latina, Massot dijo que "el chat arranca antes de la reunión" de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas" y señaló que allí le pregunta "si viene al 4 piso, a la oficina donde estábamos reunidos".

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