Miles de puestos de trabajo podrían perderse en la economía social si no se les aplica una tarifa diferenciada a las cooperativas, advirtieron legisladores de la oposición.
El diputado provincial Marcelo Torres (FPV) presentó un proyecto de ley modificatorio de la 11769, por el cual "la Tarifa de Interés Social deberá alcanzar a las cooperativas inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social".

La iniciativa se fundamenta en la preocupación de las cooperativas y demás actores de la economía social
, muy similar a la de los clubes de barrio, que tomó estado público en los últimos días: las recientes facturas de luz y gas los dejan al borde de la quiebra.

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Según Torres, "el gobierno, tanto nacional como provincial, está muy preocupado por la seguridad jurídica de los inversores, pero le ha trasladado toda la inseguridad a los trabajadores. Los que aún conservan su puesto temen llegar a su casa y encontrar un telegrama de despido".

Frente a esta situación, debemos tomar todas las medidas posibles para proteger los puestos de trabajo que están en peligro. No se puede aumentar tarifas de servicios públicos a mansalva, sin calcular previamente el impacto económico, el daño al tejido social".

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El proyecto será tratado en la próxima reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos y Vivienda, que preside Karina Nazabal, también del FPV, y pasará al recinto en caso de obtener dictamen favorable.

De aprobarse, implicaría la adhesión de la provincia a la ley nacional 27218, de "régimen tarifario específico para entidades de bien público".