La iniciativa apunta a devolver un porcentual del IVA a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales en las compras que realicen por medio de pago electrónicos. El proyecto cuenta con amplio respaldo de todos los espacios políticos y busca mitigar el impacto de la inflación.
La comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado emitió este martes dictamen favorable y sin modificaciones del proyecto de ley que habilita la devolución de un porcentual del IVA a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales, que ya cuenta con sanción de la Cámara Baja y que el oficialismo quiere llevar al recinto mañana para aprobarla sobre tablas.

El dictamen tuvo el respaldo de la totalidad de los legisladores que integran es comisión, que se reunió en el Salón Illia del Palacio Legislativo, donde el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, defendió la propuesta que impulsa el gobierno.

El oficialismo confía en tratarlo el miércoles en el recinto, para lo cual ya inició conversaciones con la oposición del PJ-FpV, donde existe cierta idea de apoyar esa posibilidad.

Respecto al proyecto, Abad destacó que, además del beneficio principal que es la devolución de 15 puntos porcentuales del IVA a los sectores de menores ingresos, la medida tiene "un beneficio adicional que es la formalización" del comercio minorista.

Abad apuntó que por contrapartida del reintegro implica "un mayor cumplimiento voluntario, bajar la presión impositiva, y para ello se necesita ampliar las bases, es decir que más ciudadanos paguen sus impuestos", al tiempo que aclaró que el proyecto "tiene un impacto social de reparar por lo menos en parte el impacto de la inflación a los 9.200.000 beneficiarios".

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En ese sentido, detalló que "la utilización de la tarjeta de débito de manera sistémica" significa un cambio de cultura y alcanzará a "3,6 millones de jubilados y pensionados; 1,5 millón de pensiones no contributivas mínimas; 4 millones de beneficiarios de Asignaciones Universal por Hijo y cien mil asignaciones universales por embarazo, a quienes se les devolverá hasta el 15 por ciento (del IVA) de las compras que realicen".

Abad estuvo acompañado por la subsecretaria de Ingresos Públicos de la Nación, Claudia Fabiana Balestrini, y el vicepresidente del BCRA, Lucas Llach.

Al respecto, Balestrini señaló que "la utilización masiva de la tarjeta de débito fue pensada para los sectores de más bajos ingresos" y reseñó que la norma implica que los comercios tengan que estar inscriptos en la AFIP.

También dijo que la legislación propuesta dispone "un tope mensual (de devolución) de 300 pesos", que –según la funcionaria- surge de "un cálculo de la canasta básica realizado por la Ciudad de Buenos Aires", pero dijo que para que ese monto no quede desactualizado el proyecto incluye "la obligación de actualizar el importe en forma semestral".

Respecto al alcance del beneficio, apuntó que "el tope por grupo familiar es dos veces y media la jubilación mínima", para que no deje sin el beneficio a una pareja de jubilados en la que ambos cobren la mínima.

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En tanto, Llach dijo que hay "una feliz coincidencia" entre la norma propuesta y "la agenda del BCRA", dado que la entidad monetaria tiene entre sus objetivos avanzar "en nuevos medios de pagos" y afirmó que ellos producirán "efectos colaterales, como la formalización" al señalar que se está "en medio de una revolución tecnológica que a la industria financiera le va a pegar de manera violenta".

"Suscribo esta idea de la superioridad de los medios de pagos electrónicos sobre el efectivo", añadió Llach.

Entre las consultas de los legisladores se escuchó al peronista salteño Juan Carlos Romero, quien alertó sobre la "escasa conectividad que hay en el interior" y el difícil "acceso a los cajeros" así como las ganancias obtenidas por "sector financiero, en los últimos años", por lo que pidió "definir que no se puedan cobrar nuevos cargos por el uso de este sistema".

La peronista formoseña Graciela De la Rosa, por su parte, pidió aclaraciones sobre "cómo va a funcionar en la práctica" el beneficio y "cómo se entiende esta devolución en una familia".

También pidió precisiones sobre "cuál es el costo fiscal" y la respuesta de Balestrini fue que el caso de la percepción de la devolución la AFIP y la ANSES tiene previsto hacer un cruce de padrones y el costo fiscal será de "30 mil millones de pesos anuales, si se utiliza el sistema en su totalidad y se aplica toda la norma".