Es por eso que apeló la decisión del juez Daniel Rafecas, quien días atrás había rechazado el pedido y había archivado la causa por inexistencia de delito. Ahora, la Cámara Federal deberá resolver sobre la posibilidad de la reapertura del caso.
El fiscal federal Gerardo Pollicita apeló la decisión del juez Daniel Rafecas que días atrás rechazó reabrir la denuncia que Alberto Nisman hizo contra la ex presidenta Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno por encubrimiento de ciudadanos iraníes en el atentado a la AMIA.

La apelación fue presentada para que la Cámara Federal sea la que resuelva sobre la posibilidad de la reapertura del caso. También cuestionó la decisión del juez Rafecas que rechazó tener por parte querellante a la DAIA .

"Ante el interrogante de por qué la investigación debe abrirse, la respuesta está en que una hipótesis criminal de inusitada gravedad y trascendencia institucional, como la presentada por el Dr. Nisman, demanda la realización de todos los esfuerzos posibles con miras a que las víctimas de la maniobra logren conocer la verdad real de lo sucedido, sea que ella se identifique con la versión incriminatoria de la denuncia o bien con aquella diametralmente opuesta sostenida en la desestimación", sostuvo policita en la apelación.

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Para el fiscal, "una vez que ello suceda, se podrá transmitir a la sociedad el mensaje de que las instancias judiciales intervinientes en el caso agotaron todos los recursos y herramientas disponibles para que su resolución lo sea con la mayor claridad, transparencia y equidad posibles".

La denuncia de Nisman había sido rechazada en tres instancias, primero por el juez Rafecas, luego por la Cámara Federal y también por la Cámara de Casación Penal.

Días atrás Rafecas se negó a reabrir esa denuncia al considerar que la desestimación "ha quedado firme" y fue archivada por inexistencia de delito y que la misma no puede reabrirse.

La DAIA había planteado que a raíz de hechos nuevos correspondía reabrir la denuncia, y citó un diálogo entre el ex canciller Hector Timerman, y un dirigente de la comunidad judía en el que el funcionario reconocía la responsabilidad de Irán en el atentado.

En la resolución, el magistrado sostuvo que las cuestiones que introdujo la DAIA en su escrito, "lejos de cambiar el parecer del suscripto en este asunto, lo refuerzan, pues en definitiva revelan una ausencia de reales elementos de prueba que vengan a poner en tela de juicio las afirmaciones antes desarrolladas".

"Por un lado, una conversación telefónica entre el ex Canciller Timerman y el dirigente comunitario Guillermo Borger, de la cual, lo único relevante a los efectos de esta causa, es que el primero de los nombrados le atribuye a Irán la responsabilidad de haber colocado el explosivo en la sede de la AMIA en 1994, esto es, una afirmación, en términos coloquiales, de la postura que la República Argentina ha venido sosteniendo oficial y públicamente" desde 2006, según aseguró Rafecas.

Para el juez, "no se advierte en qué esta conversación puede poner en jaque el sólido edificio fáctico y jurídico, que se evidencia en esta causa, consolidado en las tres instancias penales".