La justicia de EEUU falló este domingo en contra de la apelación de Donald Trump para mantener el veto migratorio que impide la entrada en el país de ciudadanos Libia, Sudán, Somalía, Siria, Irak, Irán y Yemén.

La Fiscalía General de Washington informó en su cuenta de Twitter a cerca de la decisión judicial contra el decreto presentado por el propio Donald Trump.

El gobierno del magnate inició este sábado un proceso de apelación de la decisión de un juez federal que este viernes suspendió la aplicación del veto migratorio impuesto por la Casa Blanca a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Libia, Sudán, Somalía, Siria, Irak, Irán y Yemén).

En un breve documento presentado ante la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito, con sede en San Francisco (California), Trump y su gabinete apelaron formalmente la decisión judicial que ha bloqueado temporalmente la polémica orden ejecutiva y ha abierto de nuevo las puertas del país a millones de inmigrantes y refugiados.

La notificación de apelación se presentó en nombre de Trump, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly; el secretario de Estado, Rex Tillerson; y los Estados Unidos de América.

Todos ellos "apelan por la presente ante la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito la decisión del 3 de febrero" que "restringe la aplicación de parte de la orden ejecutiva del 27 de enero para proteger al país de la entrada de terroristas extranjeros", según la notificación presentada ante el tribunal.

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Tras esta decisión de la Corte de Apelaciones, el Gobierno de Trump puede ahora recurrir ante el Tribunal Supremo, algo que muchos expertos consideran probable.

La máxima instancia judicial del país se encuentra actualmente dividida entre cuatro jueces de tendencia conservadora y otros cuatro de inclinación progresista, dado que el Senado aún no ha aprobado a un noveno magistrado que podría ser crucial para deshacer un posible empate en un caso de alto perfil como éste.

La batalla contra el veto migratorio de Trump la iniciaron dos estados de EEUU, los de Washington y Minesota, que argumentaron ante la Justicia que el decreto era anticonstitucional porque provocaba discriminación contra una religión, la musulmana, algo prohibido en la Primera Enmienda de la Carta Magna.