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Cancillería rechazó el informe de Uruguay sobre el canal Martín García

Política

El Ministerio de Relaciones Exteriores negó que la Argentina haya demorado el proceso licitatorio para el dragado del canal Martín García, para beneficiar a una firma holandesa.

Cancillería rechazó el informe de Uruguay sobre el canal Martín García
 A dos meses de haberse conocido la denuncia sobre un supuesto intento de soborno para que un diplom tico uruguayo favoreciera a una empresa en el dragado del canal Martín García, el Gobierno oriental dejó trascender este martes un informe en el que duda de la regularidad con la que la Argentina extendió el contrato de esa firma holandesa.

En este marco, la Cancillería Argentina negó que el país haya demorado el proceso licitatorio para el dragado del canal Martín García, para beneficiar a una firma holandesa.

"En lo relativo al informe del Tribunal de Cuentas del Uruguay (TCU) sobre la auditoría de la prórroga del contrato para el mantenimiento del canal Martín García del Río de la Plata, realizada por la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), se incurre en importantes imprecisiones e inexactitudes que desvirtúan los hechos y procesos invocados", sostiene el comunicado emitido por la Cancillería.

Desde el ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que "del informe del TCU se desprenden dos temas importantes": Allí se enumera que "el primero, referido a las supuestas demoras provocadas por la Argentina, las cuales habrían favorecido a la empresa concesionaria (Riovía S.A.)"  y el segundo "respecto a la dudas en cuanto a la regularidad de los procedimientos para extender el contrato de dicha empresa".

El texto enviado desde la Cancillería señala: "La primera cuestión falsea el hecho de que la CARP, siguiendo las instrucciones impartidas por ambos gobiernos a sus respectivas delegaciones, inició un proceso de negociación con Riovía para prorrogar el contrato. Mientras que la empresa llegó a valorizar el precio del trabajo en 18 millones de dólares, finalmente concluyó en el acuerdo de prórroga suscripto el 7 de febrero de 2012, por el que se estableció el precio de 15.150.000 dólares anuales. La supuesta demora, de la cual es sospechada la Argentina, resultó en un ahorro de 2.850.000 dólares".

"En este sentido, es esclarecedor resaltar que el informe de la auditoría uruguaya concluye que dicho precio `demuestra una razonable equivalencia con los acordados en la región por los oferentes que participaron en llamados públicos internacionales por el Uruguay` y, a su vez, la auditoría argentina demuestra que el valor que hubiese mantenido la ecuación económico-financiera de la concesión, ascendería a un valor de 16.900.000 dólares anuales".

"Asimismo, es falsa la afirmación respecto a que las supuestas demoras responderían a que la Argentina pretendería retrasar el dragado del canal Martín García para favorecer al canal argentino Emilio Mitre, puesto que contrasta con el hecho irrefutable de que el canal binacional Martín García es utilizado mayoritariamente -en más del 80%- por buques que tienen como destino a puertos argentinos".

La Argentina -continúa el comunicado- "será el país más beneficiado por dicha profundización a pesar de las infundadas creencias de ciertos políticos uruguayos de que la Argentina obtendría amplias ventajas con un canal de menor dragado".

"Por último, es preciso destacar que el concurso de precios para prorrogar la concesión hasta tanto concluya la licitación para profundizar el canal a 34 pies de profundidad se encuentra en pleno desarrollo, previéndose la apertura de las ofertas correspondientes el próximo lunes 30 de julio.

"Llama la atención que los auditores uruguayos hablen de sus dudas respecto del procedimiento cuando despejarlas fue la razón de la convocatoria a que realicen su investigación. Con respecto a dichas dudas, la posición argentina es que las develen lo antes posible a menos que todo sea parte del interés de evitar el diálogo fraterno que la Argentina desea construir con la República y el pueblo uruguayo", resume el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El pasado 22 de mayo, el Gobierno de Uruguay rechazó la renuncia del embajador itinerante Julio Baraibar, quien había intentado dejar su cargo tras reconocer este intento de soborno de un operador privado argentino al presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Francisco Bustillo, para favorecer la continuidad de la empresa Riovía.

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