El Gobierno realizó su descargo ante el juez Thomas Griesa
Argentina rechazó la demanda de pago realizada por fondos buitre, y ratificó que solo le abonará a quienes sí entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010.
Estos argumentos buscan refutar la presentación del fondo NML, de Elliott, propiedad de Paul Singer, que fue girada a Griesa el martes último, y que pide que se aplique la fórmula de pago de prorrata que el juez dictaminó el pasado 23 de febrero.
Los principales argumentos de la Argentina, coincidentes con los representantes del 93% de los acreedores que ingresaron a los canjes de deuda, son que de aplicar esa fórmula los más afectados serán estos bonistas.
Otro argumento fuerte es que la sentencia no puede alcanzar el pago a los bonistas, debido a que "está fuera de jurisdicción", según el mecanismo financiero de pago ideado por la Argentina.
En este esquema, el Bank of New York, agente de pago del país, recibe el dinero en territorio argentino, dinero que va a un fideicomiso, por lo tanto es en la Argentina donde se realiza el traspaso del dinero a los acreedores, y no en Estados Unidos.
Con lo cual, cuando el dinero llega a Nueva York, ya pertenece a los acreedores, y no pertenece a la Argentina.
Griesa, que fue instruido por la Corte de Apelaciones a revisar la fórmula de pago y cómo afecta a terceros su medida, indicó que recibirá los planteos de las partes, y manifestó su deseo de que haya una definición antes del próximo pago de la Argentina, que se realizará el 2 de diciembre.
No obstante, no hay plazos establecidos y los mismos dependerán de la complejidad que vaya tomando, debido a que ingresaron a la arena judicial más jugadores, además de la Argentina y los fondos buitre.
El fallo de la Corte de Apelaciones, por un lado, avaló el criterio de Griesa sobre el "pari passu", ya que entiende que la Argentina viola una cláusula de los bonos de tratamiento igualitario a los acreedores, pero cuestionó la fórmula de pago, y le dio la orden al juez de revisar ese aspecto de su fallo, ya que podrían afectarse terceros, como bonistas e intermediarios.
La Argentina apeló esta decisión de segunda instancia y realizó el martes pasado una presentación ante la Corte de Apelaciones para pedir una revisión del caso, ya que busca que sean los 13 jueces que componen la Corte los que se definan por el mismo.
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