El ministro de Planificación Federal salió al cruce de una nota publicada en el diario Clarín y recordó que sólo en 2012 se impusieron multas por más de 200 millones de pesos.
El ministro de Planificación Federal,Julio De Vido, aseguró este jueves que "el Estado Nacional trabaja para garantizar el acceso de todos los argentinos a las telecomunicaciones y sanciona a las empresas cuando no cumplen". De este manera De Vido salió una vez más al cruce de una nota publicada en el diario Clarín titulada "El Gobierno acuerda con las telefónicas y no reclama por la calidad".
A través de un comunicado, el titular de la cartera de Planificación aseguró que "desde la privatización de las telecomunicaciones ningún Gobierno ha trabajado tanto para hacer cumplir a las empresas con la regulación vigente ni ha tenido una participación tan activa para universalizar su acceso con estándares de calidad adecuados".
En este sentido puntualizó algunas medidas adoptadas en los últimos meses como la implementación de la portabilidad numérica para teléfonos celulares, el inicio del cobro de la llamada recién cuando el destinatario atiende y el Servicio Universal "tema que se encontraba paralizado desde la década del '90".
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De Vido recordó además que "ante cada falta o incumplimiento se han aplicado severas sanciones" y detalló que "solamente en 2012 se impusieron 30 multas por mpás de 200 millones de pesos, las cuales siguen su proceso y, en caso de corresponder, pueden llegar a la quita de licencias".
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Para el titular de Planificación, la nota de Clarín es en realidad una respuesta "a la intervención del Estado a partir de políticas activas en las telecomunicaciones, asignando a Ar-Sat el 25% del espectro porque sólo uno de los prestadores existentes estaba en condiciones legales o patrimoniales de presentarse a la subasta, lo que hubiera convalidado otro caso de posición dominante, posiciones éstas que tanto daño han hecho a la Argentina".
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Recalcó además que "no se trata de ningún acuerdo amigable entre pares, sino una política impulsada por el Gobierno Nacional para la optimización y la complementariedad de frecuencias, infraestructura y redes para la puesta en marcha de esa porción del espectro, que mejore el servicio y que lo lleve a todos los rincones de nuestro país". Y destacó que resulta "erróneo insistir, como lo hace el diario, con que se trata de un alquiler o arrendamiento, producto de una amigable componenda".
"En el artículo –indicó el funcionario- también se omite señalar la activa participación de cooperativas y PyMes de todo el país a las que ellos mismos arruinaron a través de Fibertel, su compañía ilegal de banda ancha, y de Cablevision, que tiene una clara posición dominante en abierta contravención a la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual, solamente mantenida a partir de una arbitraria cautelar".
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