Costos extras para la construcción

En efecto, a partir de las ostensibles dificultades en las cuentas públicas, que han venido creciendo hasta llegar a que los más duros críticos hablen hoy de una provincia "inviable", se ha repetido la fórmula tanta veces vista y -a nuestro criterio errónea- de bajar el ritmo de inversión en la obra pública, frenando el inicio de obras nuevas e incumpliendo los compromisos de las obras en ejecución, por retraso en los pagos, renegociación de plazos y no aprobación de redeterminaciones previstas en los contratos.

Mientras tanto, los particulares cuyas actividades les permiten contar con algún tipo de ahorro encontraron en la construcción un buen refugio de valor para esos ahorros y son los responsables de una sostenida actividad que se ha realimentado y fortalecido en la última década. Pensemos que en general, y resuelta la cuestión de la adquisición de los terrenos que por una cuestión cultural persiste en el uso del dólar estadounidense como referencia, se trata de una industria que se maneja en pesos y que tiene diversos mecanismos de seguimiento de los aumentos en los insumos que permiten acordar formas de pago y ajuste de cuotas bastante sencillos.

¿Cuál es la única condición para que el interés de los particulares no decaiga o desaparezca? Pues simplemente que el valor final de las unidades que se construyen no supere el valor que esas unidades tendrán en el mercado inmobiliario en el que se comercialicen (vendan o alquilen). Tan sencillo como indispensable.

Si esa condición se mantiene estamos en presencia de una de las poco frecuentes actividades económicas virtuosas que permiten:

-Movilizar la actividad económica.

-Agregar valor legítimo al dinero y quitarlo del circuito especulativo.

-Dar trabajo, y hacerlo en una industria altamente multiplicadora, donde no solo encuentra lugar el trabajador de la construcción que se ocupa en la obra propiamente dicha, sino los cientos de miles que se ocupan en las industrias conexas, desde los ladrillos hasta los artefactos de iluminación, pasando por las aberturas, el hierro, las cocinas, los muebles y toda una infinita lista que cuesta imaginar.

Y en la que, casi sin necesidad de participar, sino sólo con el deber de regular, el estado también se beneficia:

-Bajando la desocupación.

-Aumentando la recaudación de los impuestos directos e indirectos que se involucran (IVA, Bienes Personales, Ganancias, ABL, etc.)

-Evitando que el dinero de los ahorros se pierda en otros circuitos de difícil control.

Ahora bien, si esta actividad de casi exclusiva participación de individuos o inversores particulares empieza a dejar de cumplir esa sencilla e indispensable condición que antes citamos, entonces se lesiona e inevitablemente tenderá a desaparecer.

Entonces, ¿no debería el estado ser parte interesada en que este círculo virtuoso se sostenga? Claro que la respuesta es sí, y cada funcionario al que se le pregunte, nacional, provincial o municipal no dudará en manifestarlo, pero luego las necesidades inmediatas los llevan a equivocarse.

Así es como vemos, con enorme preocupación, que en los más diversos estratos de la actividad donde el estado debe regular se empiezan a producir incrementos de costos que atacan directamente los necesarios márgenes de la actividad.

A título de ejemplo podemos citar:

1- Los derechos de construcción, objeto de recaudación municipal.

2- Los gastos de escrituración de las propiedades han crecido el doble; por el aumento de las valuaciones fiscales y luego por el aumento directo de las tasas aplicadas.

3- Todos los requisitos de construcción que requieren el pago de algún tipo de tasa municipal y/o provincial (permisos de descarga, ocupación de veredas, etc.) también crecen mes a mes sin relación alguna con ningún índice, moviéndose solo al compás de las manifiestas necesidades de recaudación.

Para empeorar este problema se ha sumado ahora en la Provincia de Buenos Aires, la incidencia de nuevos acuerdos o convenios firmados entre los prestadores de servicios y la provincia. Parece que a partir de las restricciones que encuentran los concesionarios para el aumento de los servicios, han logrado negociar una liberación de los aranceles de conexión, en algunos casos en el marco de una normativa para el cobro por habilitación de suministros conjuntos.

Algunos ejemplos son bien elocuentes:

1- La conexión de agua y cloacas de un edificio de 20 unidades funcionales en algunas zonas de la Provincia de Buenos Aires, se pagaba hasta fines de 2012 un total de $19.500 y tiene en este momento un arancel de $62.000  (317% de aumento).

2- El pedido del suministro eléctrico para un edificio de 24 unidades debe pagar hoy $51.200 contra un antecedente que no llegaba a los $500 por unidad, que en general se pagaban con los costos de intervención de un matriculado.

3- Valores de igual índole está poniendo en vigencia para conexiones de gas.

Y por último, para cargar sobre el mismo burro, se conoció la decisión de la Provincia de gravar a partir de julio con un nuevo impuesto a los propietarios que posean más de un inmueble.

¿Este es el criterio con el que se alienta la inversión privada? ¿Esta es la manera en que se cuida el desarrollo de una industria que solo pide reglas claras y previsibilidad?

El error evidentemente es conceptual. Aquí no hablamos de grandes especuladores ni de empresas multinacionales, aquí hablamos de pymes que dan trabajo, que compran y venden, que activan proyectos y buscan financiamiento genuino. Cuando los números no permitan que cada eslabón gane lo necesario el inversor va a cambiar de rumbo, el constructor va a desaparecer y hablaremos de un nuevo "ciclo negativo de la economía"

¿Quien aceptará entonces las culpas?

(*) Empresario de la construcción. Presidente de Apymeco.