Polémica por el amparo contra la privatización de las bicicletas públicas

La magistrada deberá responder ahora sobre los argumentos planteados para solicitar la nulidad de la licitación y sobre la cautelar presentada: Muñiz no sólo pidió que se anulara la Licitación Pública Nacional e Internacional número 2937/12, sino que planteó una medida cautelar preventiva para que el Estado no disponga de los 135 millones de pesos asignados al ganador de la compulsa y el eventual adelanto del 10% que establece la licitación.

Dicho mecanismo jurídico es uno de los que está en debate en la mentada Reforma Judicial. En diálogo con minutouno.com, Muñiz advirtió sobre "la necesidad de utilizar las cautelares y amparos contra gestiones como las del PRO, que ponen en riesgo el patrimonio público".  

Según lo planteado, la licitación propuesta por 4 años (más uno de prórroga) viola la propia ley de creación del STPB –N°2586-, que en su artículo 27 planteaba la posibilidad de una concesión del servicio, pero por plazos superiores a 5 años. 

Además –dice la fiscal- el mecanismo es utilizado para violentar la Constitución de la Ciudad, en sus artículos 82-89 y 90, según los cuales aquellas concesiones por plazo superior a 5 años deberán discutirse en Audiencia Pública en la legislatura.

La defensora adjunta Muñiz expresó a este medio que se trata de una forma de evitar que se rechace en una eventual discusión parlamentaria, "porque solo los del PRO votaría esta entrega de patrimonio público a una empresa y que no haya contra prestación y tenga todas las utilidades, uso y explotación de la publicidad que se va a generar".

La fiscal fue más allá y criticó la política de transporte de la gestión macrista, a la que consideró "equivocada". "El problema de fondo es que no se cumple con lo prometido en la campaña de invertir en nuevas estaciones y líneas de subterráneo, que es el único medio de transporte que podría aliviar el problema de tránsito en la Ciudad", dijo Muñiz.