La Justicia frenó la privatización del Sistema Público de Bicicletas

Política

El juez en lo contencioso administrativo y tributario a cargo del juzgado N°12, Martín Furchi, tomó la decisión a raíz de un amparo que denunciaba la violación de la propia ley que creó y regula el sistema. Buscaban licitar por menos años que lo permitido para no discutirlo en la Legislatura.

La justicia frenó la polémica concesión del Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB) y ahora el PRO deberá apelar la medida. El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario a cargo del tribunal Nº 16 de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Furchi, hizo lugar al amparo presentado en forma conjunta por el legislador Rafael Gentili, el ex diputado Facundo di Filippo y el activista Félix Anibal Cariboni.

La presentación que tomó en cuenta Furchi exigía la nulidad del decreto Nº 59/2013, que aprobaba los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el servicio de provisión, instalación, gestión y mantenimiento del STPB. La explicación del juez –y de los denunciantes- es sencilla: la licitación violaba el artículo 27 de la Ley Nº 2586, que crea y regula el sistema de bicicletas, porque allí obligaba a que la eventual concesión se tratara en la legislatura.

Gentili señaló que "Mauricio Macri avanza con sus proyectos sin respetar la división de Poderes y las Leyes, porque sabe que si se discute en profundidad la política que propone para la Ciudad, y en este caso el sistema de bicicletas, no hay más que negocios para los amigos". Di Filippo apoyó la iniciativa y explicó que la licitación es parte "de la visión privatista" del PRO.

Además, la ley exigía que el pasaje del servicio público a manos privadas fuera por un período mayor a los 5 años, mientras que la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 2937/SIGAF otorgaba el mismo por 4 años (más uno de prórroga). De esta forma el PRO evitaba discutir la concesión en la Legislatura.

Por su parte, Cariboni -del Espacio Chico Méndez de Ecología Popular- explicó que "el tema no es solamente si el servicio debe ser "gratis" o pago, o si debe ser administrado por el Estado o por un privado. El tema es que el Gobierno creó la oferta y la demanda, invirtió mucho dinero en infraestructura vial, vehículos y equipamientos, publicidad, inscribió una cantidad de usuarios de las estaciones y ahora se lo entregan a un privado y para colmo le paga una suma por mes".

La presentación tomada por Furchi no fue la única traba al proyecto del macrismo. El pasado lunes, la fiscal adjunta de la Ciudad, Graciela Muñiz, había presentado un amparo –y medidas cautelares preventivas al efecto de frenar los pagos a privados- ante el juzgado 16, a cargo de la jueza Alejandra Petrella. Se había apoyado en la violación al mentado artículo 27 de la ley de creación del STPB y a la propia Constitución de la Ciudad.

Ahora, la subsecretaría de Transporte de la CABA, en manos de Guillermo Dietrich, deberá retrotraer la licitación -que se entregaría en un mes- o apelar la medida. De todos modos, en la cartera porteña aún no definieron los pasos  seguir.

 

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