Alberto Nisman, que investiga el atentado a la mutual judía, considera que el acuerdo constituye una "indebida intromisión del Poder Ejecutivo en una esfera exclusiva de la función judicial".
El fiscal que investiga el atentado contra la AMIA, Alberto Nisman, se pronunció este miércoles a favor de que se declare la inconstitucionalidad del memorándum firmado con Irán, al considerar que "ofende a la independencia de la Justicia" y que implica un "avasallamiento y atropello a derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional".
En una presentación realizada este miércoles ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal Alberto Nisman sostuvo que el memorándum constituye una "reiteración interminable de violaciones de garantías constitucionales, entre las que incluye la vulneración del sistema republicano de gobierno, la división de poderes, la independencia judicial, la garantía del debido proceso, el principio del juez natural, el derecho de defensa en juicio, el principio de igualdad ante la ley, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso de las víctimas a la justicia".
En su dictamen de 75 carillas, el fiscal dejó en claro su reconocimiento a las amplias atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional "para celebrar tratados con quien le plazca, e incluso de poner en marcha un proceso de negociación con la República Islámica de Irán, por resultar la concreción de decisiones políticas de carácter discrecional, exclusivas y excluyentes del Poder Ejecutivo, extremo que no resulta judiciable"
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Sin embargo, explicó que "lo conflictivo aparece cuando, como en el caso, lo acordado con otro estado contraviene –cualquiera fuera el ángulo desde el que se lo analice– la Constitución Nacional y los tratados internacionales de igual jerarquía, máxime cuando ello ocurre de una manera tan manifiesta y grosera como la que se verifica en este caso".
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Así lo dictaminó el fiscal al advertir que "se viola de manera manifiesta" el artículo 109 de la Constitución Nacional, que impide al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales, y el artículo 27 del mismo cuerpo legal, que establece que los tratados que se firmen con potencias extranjeras deben estar de conformidad con los principios de derecho público de la Constitución Nacional, principios que son reiteradamente pisoteados por el memorando.
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Para el fiscal, el acuerdo, suscripto por el Gobierno con Teherán para que el juez de la causa pueda tomarles declaración a los imputados iraníes, implica "la vulneración del sistema republicano de gobierno; la división de poderes; la independencia judicial; la garantía del debido proceso; el principio del juez natural; el derecho de defensa en juicio; el principio de igualdad ante la ley; el derecho a la tutela judicial efectiva; y el derecho de acceso de las víctimas a la justicia".
El caso está en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien ahora deberá resolver si es constitucional o no el acuerdo firmado con la República de Irán, en el marco de un planteo efectuado por la AMIA y la DAIA.
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