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¿Cómo es el proyecto para amnistiar a procesados en el marco de protestas sociales?

Política

La Cámara de Diputados de la Nación avanzó en el tratamiento de los proyectos de ley para regular la protesta social. La propuesta de amnistiar a quienes fueron procesados tras participar de movilizaciones impide la redacción de un texto de consenso.

¿Cómo es el proyecto para amnistiar a procesados en el marco de protestas sociales?
La Cámara de Diputados de la Nación dio este martes el primer paso hacia la aprobación de una ley que regule la protesta social en la vía pública. La Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la diputada del Frente para la Victoria Diana Conti comenzó a analizar los distintos proyectos que ya fueron presentados en ese sentido.

Durante la reunión, los diputados Juan Manuel Pedrini (FPV), Ramona Pucheta (FIS), Federico Sturzenegger (PRO), Virginia Linares (GEN), Alicia Comelli (Movimiento Popular Neuquino), Darío Giustozzi (Frente Renovador), Pablo Tonelli (PRO) y Araceli Ferreyra (FPV) presentaron sus respectivos proyectos con el objetivo de, sobre esa base, redactar un texto de consenso entre las distintas bancadas. Sin embargo la necesidad de avanzar en una amnistía a quienes se encucentren procesados a raíz de su participación en protestas sociales que propone la iniciativa de Linares ya divide las aguas entre los legisladores.

En su artículo 2º, el proyecto que plantea la necesidad de avanzar hacia un régimen contra la criminalización de la protesta social de la diputada del GEN, y que cuenta con el aval de legisladores de otras bancadas como Ricardo Alfonsín (UCR), Néstor Pitrola (FIT), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Claudio Lozano (Unidad Popular), Victoria Donda (Libres del Sur) y Facundo Moyano (PCEyT), entre otros, propone disponer "la extinción de la pena y/o la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo y finalidad de reivindicación social, de derechos humanos, económica, política, laboral, sindical, gremial, cultural, estudiantil, ambiental, de usuarios, de derechos de los pueblos originarios, de salud, de educación, de justicia, de género e identidad sexual a las que se les impute una figura penal, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión".

Durante su intervención en la comisión Linares explicó que su proyecto tiene como finalidad garantizar el derecho a la participación popular en la vida pública, evitando su criminalización, a la vez que extingue las penas para quienes participen en movilizaciones. "Hay cinco mil causas por participar en movilizaciones y huelgas", enfatizó Linares, junto al representante del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Nicolás Del Caño, también firmante de la iniciativa. En ese sentido Conti aseguró que apoyaría la medida y pidió que realicen una nota para presentar ante la comisión de Legislación Penal, cuerpo donde debería empezar a tratarse la cuestión.

La idea recibió el apoyo de Ferreyra, de Pedrini y de Conti y el rechazo de los otros expositores.

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Respecto a la necesidad de regular la protesta social, la diputada kirchnerista advirtió que se trata de un tema transversal razón por la cual buscarán "dar un debate lo más serio posible" que permita avanzar en la redacción de un nuevo proyecto consensuado entre las distintas bancadas. En ese sentido el próximo 10 de junio la comisión volverá a reunirse, ocasión en la que referentes organizaciones sociales, sindicales y especialistas en la materia presentarán sus puntos de vista. Entre ellos están la CTA-ATE, el abogado Roberto Gargarella, Quebracho, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

"Todos tenemos un piquetero dentro cuando no nos cumplen un pedido y todos tenemos un ciudadano que respeta las protestas, pero que quiere pasar" advirtió Conti. En ese sentido, Pedrini, Sturzenegger, Tonelli y Giustozzi centraron el debate en la "colisión de derechos" –el derecho a la libre circulación y el derecho a la petición social ante el Estado, ambos consagrados en el artículo 14 de la Constitución Nacional- que implica legislar en esta materia.

El primero en tomar la palabra este martes fue Pedrini, cuya iniciativa que separa las protestas "legítimas" de las "ilegítimas" desató la polémica semanas atrás. "El proyecto define las manifestaciones, hay una calificación, pero eso queda a criterio de la propia ley y no de un funcionario" advirtió el diputado kirchnerista quien advirtió además que se "pide una simple notificación, no una autorización". Aclaró además que "no tiene sanciones administrativas ni penales" y que establece una "mediación civil".

Giustozzi en cambio insistió en la necesidad de "consolidar el derecho a la petición" para "darles canales y espacios de visibilidad con el cuidado del Estado, así como hay un orden para circular" y rechazó la idea de crear la figura del mediador civil y la amnistía a quienes estén procesados.


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