La trama detrás de la acusación a la Procuración General por supuesto espionaje
El fiscal de instrucción de la ciudad de Buenos Aires César Augusto Troncoso denunció a la Procuración General de la Nación por realizar supuestas tareas de espionaje a fiscales. El ministerio público fiscal a cargo de Alejandra Gils Carbó salió al cruce de la acusación y dio a conocer la trama que se esconde detrás de la denuncia que fue reflejada en las últimas horas en diversos medios de manera descontextualizada.
La escandalosa resolución del fiscal implicó que fuera recusado a instancias de la querella y reemplazado de inmediato en la causa por el fiscal Fernando Fiszer quien enseguida impulsó la investigación. La actuación de Fiszer hizo avanzar la causa que Troncoso intentó archivar y los dos imputados, hoy procesados, se encuentran al borde del juicio oral y público.
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Así, luego de que el Consejo Evaluador, a cargo del fiscal titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo, emitiera su opinión sobre la actuación de Tronocoso, en mayo de 2013 se inició el sumario disciplinario del ahora denunciante fiscal. En la misma resolución del Consejo Evaluador se ordenó realizar una auditoría de la fiscalía para verificar la veracidad de las denuncias y determinar si el fiscal Troncoso había tenido conductas similares en otros casos que involucraban a mujeres, niñas y adolescentes.
En el marco de estas actuaciones, Colombo dio intervención al Programa de Género del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Romina Pzellinsky, para que emita opinión respecto de la actuación de Troncoso en diversas causas sobre violencia de género. En su dictamen, Pzellinsky informó que la actividad de Troncoso resultaba contraria a la política criminal definida por la Procuración. Entre otras cosas, se verificó la existencia de un patrón discriminatorio que llevaba en la mayoría de los casos al archivo sin investigación o al pedido de sobreseimiento de los acusados.
El sumario disciplinario contra el fiscal Troncoso se encuentra en la etapa de elaboración del informe final a cargo del fiscal Colombo. Una vez elevado ese informe, la Procuradora General deberá resolver cómo continúa el proceso y podrá disponer el archivo del caso, la sanción disciplinaria o la elevación al jurado de enjuiciamiento.
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