Argentina alcanzó nuevos acuerdos con bonistas por u$s 6.7 millones

La Argentina alcanzó más acuerdos con grupos holdouts por 6,7 millones de dólares, entre los que se encuentran "grandes y pequeños" tenedores de bonos, según anunció el mediador, Daniel Pollack.

Al igual que en los casos anteriores, Pollack explicó que "estos pre acuerdos están todos sujetos a las condiciones que el Congreso derogue la Ley Cerrojo y de Pago Soberano, y que la Corte (de EEUU) levante las restricciones judiciales que se encuentran en vigor desde hace varios años".

Entre los que acordaron este viernes se encuentran "fondos e individuos, incluyendo Tortus de Capital II, III Tortus Capital; así como los holdouts Biagini, Vefling, Schivardi, Piol, Ercolani, y Beltrán.

El mediador recordó que, si bien el juez Thomas Griesa "lo ha hecho (levantar las restricciones contra la Argentina) de forma condicional, algunas partes han apelado esta resolución de la Corte", y expresó la "esperanza de todos los interesados las apelaciones aceleren su ingreso, para tener claridad en cuanto a la finalidad de la orden".

Precisamente este viernes vence el plazo para que los fondos buitre disconformes presenten las apelaciones a la medida dispuesta por Griesa de levantar las restricciones que pesan contra del país.

Allí se anotaron cuatro fondos que tuvieron el fallo originario "pari passu", y que alcanzaron un acuerdo histórico por cerca de 4.650 millones de dólares el pasado 29 de febrero.

Se trata de Elliott, Aurelius Capital Management, Bracebridge capital y Davidson Kempner que, pese al acuerdo alcanzado, decidieron igual presentar su apelación y pidieron que Griesa extienda por 30 días el plazo para levantar las restricciones que pesan sobre el país, reclamo que fue denegado por el magistrado neoyorquino.

En el texto presentó ante la Cámara de Apelaciones, sin embargo, los fondos buitre no dijeron por qué tomaron la decisión de apelar.

Además, este viernes ingresó otra apelación presentada por holdouts argentinos conocidos como el Grupo Varela, que en conjunto demandan al país por 850 millones de dólares y que hasta el momento no anunció haber alcanzado un acuerdo con el gobierno nacional.