La Cámara de Nueva York falló en contra del país y dejó firme una sentencia de primera instancia. Se evita un default técnico y define la Corte Suprema.
La Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó un pedido del Gobierno nacional respecto a su litigio con los fondos buitres y de esta manera se evita un default técnico -porque la que decidirá es la Corte Suprema de los Estados Unidos- aunque sigue vigente un fallo de primera instancia del juez Thomas Griesa, que le requirió al Estado argentino a pagar 1.330 millones de dólares a los acreedores que no entraron a los canjes de 2005 y 2010, aunque el pago por ahora no se cumplirá en forma efectiva hasta que resuelva el máximo tribunal.
Así, la justicia norteamericana rechazó el pedido argentino que, mediante una apelación, reclamó contra una orden del juez de primera instancia que le requirió pagar 1.330 millones de dólares a los "fondos buitres" acreedores por bonos que no acudieron a dos reestructuraciones, luego del incumplimiento de deuda gubernamental por 100.000 millones de dólares ocurrida en 2001, según refvelaron agencias internacionales.
Pese a esto, la resolución definitiva se tomaría recién dentro de un año ya que la decisión final la dará la Corte Suprema de Estados Unidos, que debe resolver antes si toma o no el caso.
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Con respecto a los pagos de este año en Nueva York están garantizados y son por US$ 270 millones hasta fin de año.
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La corte del Segundo Circuito dijo que el cumplimiento del mandato judicial se mantiene pendiente de que la Corte Suprema de Estados Unidos resuelva una apelación de una decisión anterior.
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La decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York supone una victoria parcial para los llamados "holdouts", o bonistas pendientes de pago, que encabezan NML Capital Ltd, una unidad de Elliot Management Corp de Paul Singer, y Aurelius Capital Management.
La presentación de la Argentina atacó exclusivamente dos aspectos de la sentencia de la Cámara que confirmaron decisiones del juez Griesa, y que a criterio del país, "afectan cuestiones federales que son las únicas que puede revisar la Corte Suprema".
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