Los bancos y la CAME también rechazan la reforma a la Ley de Abatecimiento

Economía

Los bancos privados y empresarios pidieron al Gobierno que convoque al diálogo a los sectores productivos para consensuar una propuesta que asegure el crecimiento económico.

La Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se sumaron a las críticas al proyecto de reforma de la Ley de Abastecimiento y otras leyes que el Gobierno envió al Congreso y solicitó a las autoridades.

ADEBA consideró que "la intervención del Estado en el mercado interno atenta contra principios constitucionalmente consagrados como el de libre empresa y la propiedad privada", más allá de que añadió que en los países en los que se produce la intervención estatal, los "efectos" son que desaparece la inversión privada y que existe desabastecimiento, racionamiento, insuficiencia de oferta y "mercados negros".

También, los banqueros privados nacionales solicitaron al Gobierno "que convoque al diálogo de los sectores productivos, trabajadores y empresarios, para encontrar en conjunto fórmulas de consenso que aseguren la continuación del ciclo de crecimiento económico con inclusión social".

En un comunicado, la Asociación señaló que "este tipo de iniciativa trae como consecuencia efectos totalmente opuestos a los perseguidos, ya que la intromisión del Estado en áreas y funciones que no son de su competencia, termina por inhibir la inversión privada, desabastecer los mercados y promover la aparición de mercados ilegales con precios superiores a los regulados".

Al respecto, la entidad planteó que la experiencia internacional "demuestra claramente que los mercados funcionan satisfactoriamente en los países en los que el Estado no los interviene y que, por el contrario, en los países en los que hay intervención, abundan mercados desabastecidos, el racionamiento, la insuficiencia de la oferta y los llamados mercados negros".

El comunicado expresó que, "de hecho, este mismo Gobierno, en el período 2003–2011 logró que la economía funcionara de manera satisfactoria, con altas tasas de crecimiento y precios estables, sin recurrir a ningún tipo de intervención, sustentada, en cambio, en políticas que siempre hemos apoyado, el tipo de cambio competitivo, el superávit fiscal y el superávit comercial".

En relación a la solicitud para que el Gobierno convoque al diálogo, la entidad precisó que "es el modo de armonizar los intereses de los distintos sectores, dejando de lado políticas que, como la intervención del Estado en los mercados, han demostrado su fracaso en nuestro país y en todo el mundo".

La CAME consideró que el proyecto de Ley de las Relaciones de Producción y Consumo, que reemplazará a la conocida Ley de Abastecimiento, no se diferencia sustancialmente de las atribuciones que anteriormente se otorgaban a la Secretaría de Comercio Interior en la materia.

La norma establece, según detalla la CAME:

- Podrá fijar precios máximos y mínimos, márgenes de utilidad, normas de comercialización, continuidad de la producción, cuotas y volúmenes mínimos y  ecuaciones económicas.

- Podrá secuestrar toda y cualquier documentación comercial que considere pertinente y obligar a llevar todos los registros y libros especiales que estime pertinentes.

- Eleva las multas y sanciones previstas en la vieja Ley de Abastecimiento. Elimina el arresto hasta 90 días como sanción.

- Se admite la clausura preventiva de establecimientos por hasta treinta (30) días. Este tipo de medidas ha sido declarada inconstitucional en infinidad de ocasiones por afectar el derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso e implicar la asunción de facultades judiciales por el Poder Ejecutivo.

- Se admite la intervención, secuestro y posterior venta de mercaderías en caso que exista desabastecimiento, sin necesidad de depósito previo ni juicio de expropiación.

- Se otorga a los Gobernadores facultades prácticamente similares a las del Secretario de Comercio.

La Confederación indicó que "todas estas facultades se encontraban previstas en la antigua Ley de Abastecimiento, habiéndose expedido la Justicia sobre su inconstitucionalidad".

El miércoles, salió a criticar la propuesta la Asociación Empresaria Argentina (AEA) por considerar que se trata de una iniciativa constituye un "grave avasallamiento al ámbito de la decisiones", propias de las empresas privadas.

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