Repsol demandará a la Argentina ante CIADI si no logra acuerdo por YPF
El titular del grupo español dijo que la compañía "sigue abierta a negociar con el gobierno argentino una solución en la expropiación" de la petrolera.
En este contexto, y a pesar de reconocer que los arbitrajes no siempre proporcionan una respuesta efectiva ante los incumplimientos de terceros países, Brufau aseguró que la demanda ante el CIADI se presentará "cuando sea oportuno y nos protejan las circunstancias".
En este contexto, insistió en que la seguridad jurídica es un requisito fundamental en las inversiones extranjeras y que hoy más que nunca constituye la "espina dorsal" del principio de confianza sobre el que se asientan las decisiones de inversión.
Con respecto a la postura del Gobierno español, reconoció que se hizo todo lo posible para proteger las inversiones españolas en Argentina y se mostró de acuerdo con que el Ejecutivo haya quitado ahora las limitaciones a la importación de biodiésel argentino a fin de no perjudicar a los argentinos "de buena fe".
Además, reiteró que la "confiscación" de YPF es inconstitucional porque viola la propiedad privada, la garantía constitucional de igualdad y no carece de interés público ya que solo se expropiaron acciones de un único accionista en una empresa determinada del sector de hidrocarburos.
Asimismo, consideró ilegal la toma de posesión de YPF ya que vulnera el requisito de indemnización ante una "desposesión" que tiene voluntad de permanencia.
Por ello, agradeció la actitud del Gobierno español, de las instituciones europeas e internacionales y de los países que criticaron la actitud de argentina y animó a "todo el mundo" a invertir en Latinoamérica, que no en Argentina.
Por otro lado, indicó que la comunidad internacional debe asegurar la prevalencia del Derecho y de un clima propicio a la inversión que dé una respuesta global y pidió que los Estados que nieguen la seguridad jurídica sean excluidos de las ventajas que aporta la pertenencia en organismos internacionales.
Brufau señaló también que la empresa ha aprendido a no tener un excesivo peso en un determinado país.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, declaró el 16 de abril de 2012 de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) perteneciente a Repsol. Menos de un mes después, el 3 de mayo, la expropiación fue aprobada por el Parlamento argentino.
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