El oso ruso vuelve a mostrar sus garras

La última crisis diplomática entre Londres y Moscú ocurrió en los meses finales del gobierno tory de John Major, hace once años; pero no puso a los dos países al borde de la ruptura total, como está ocurriendo ahora.

Gran Bretaña reclamó la extradición del empresario y agente de inteligencia ruso Andrei Lugovoi, acusado de haber introducido en Inglaterra Polonia 210 y haber asesinado con ese elemento radioactivo al disidente Alexander Litvinenko.

Rusia respondió que su Constitución prohíbe las extradiciones y el gobierno de Gordon Brown reaccionó expulsando de suelo británico a cuatro funcionarios de la embajada rusa, lo que dejó a estas potencias al borde de la ruptura.

¿Fue una reacción exagerada? No, si se tiene en cuenta que el agente radioactivo utilizado para el crimen político perpetrado en suelo británico, podría haber provocado una intoxicación en masa.

¿Puede el gobierno británico estar seguro de que fue desde el Kremlin que se decidió el asesinato? Al menos, lo evidente es que Litvinenko tuvo que exiliarse por denunciar al gobierno ruso nada menos que de haber provocado atentados terroristas en Moscú para justificar la guerra total en Chechenia.

Otro hecho significativo es que sólo una potencia nuclear cuenta con científicos capacitados para manipular polonio 210, el agente radioactivo que se utiliza para provocar reacciones en cadena.

Finalmente, el espionaje ruso es, desde los tiempos soviéticos,  célebre por elaborar venenos tan letales como imperceptibles. La División X, cuyos laboratorios estaban en el edificio Lublianka, cuartel general del KGB, elaboró los compuestos químicos con que Moscú eliminó a cientos de disidentes. Entre ellos un escritor búlgaro que, a mediados de la década del 70, fue blanco de un dardo envenado que le dispararon una tarde mientras cruzaba el puente de Londres.

Fue precisamente aquel crimen lo que llevó al MI-5 y MI-6, los aparatos británicos de inteligencia, a descubrir la capacidad soviética de realizar envenenamientos. Capacidad heredada por Rusia y puesta en práctica contra el actual presidente ucraniano, Víctor Yuschenko, quien por tener posiciones antirusas fue envenenado en plena campaña electoral, sufriendo la deformación de su rostro.

Ahora bien, también el gobierno ruso tiene reclamos de extradición que Gran Bretaña no satisfizo. Por caso, el magnate opositor Boris Berezovsky y el dirigente independentista chechenio Ajed Zakayev están acusados de graves delitos en Rusia, pero Londres los considera perseguidos políticos.

Si bien en la pulseada ruso- británica la razón parece volcarse hacia Londres, en el otro pico de tensión las razones rusas son más sólidas que las de las potencias de Occidente.

Moscú acaba de abandonar el Tratado de Fuerzas Convencionales cuya entrada en vigencia había marcado el fin de la Guerra Fría y consolidado la convivencia pacífica y desmilitarizada entre Europa y Rusia.

Dicho pacto impedía la concentración de fuerzas militares convencionales en las fronteras occidentales rusas y en países ex soviéticos limítrofes con Europa central, como Moldavia, Ucrania y Bielorrusia; así como en los países Centroeuropeos que integraron el Pacto de Varsovia y son parte de la OTAN.

La decisión de Moscú es la respuesta al despliegue del escudo antimisiles norteamericano con base en Polonia y la República Checa. Y por extremadamente dura que haya sido la reacción rusa, está claro que el despliegue de sus sistema defensivo en las puertas de Rusia, improvisando el poco creíble argumento de que está apuntado a proteger a Europa de un ataque misilístico lanzado desde Irán o Siria, ha sido la primer violación, en los hechos, del Tratado de Fuerzas Convencionales que ahora Moscú ha enterrado.

Es cierto que Vladimir Putin encabeza un gobierno despótico que viola sistemáticamente las reglas democráticas más elementales. También es cierto que el presidente ruso actúa como un autócrata del que es fácil sospechar cuando ocurren asesinatos como el de Litvinenko o el de Ana Politkovskaya, la periodista que había denunciado las aberrantes violaciones a los derechos humanos del ejército ruso en el Cáucaso.

Sin embargo, en la actual escalada armamentista las mayores responsabilidades caen sobre la Casa Blanca. Sobre todo desde que la administración republicana rechazó la propuesta de Putin de compartir el radar ruso que está en la república caucásica de Azerbaiján, en lugar de instalar el escudo antimisiles en Polonia y en la República Checa.