Ingrid Betancourt: Denuncia viviente de un accionar atroz

*La inmensa violación a los derechos humanos que comete la guerrilla de Colombia al secuestrar civiles y considerarlos "prisioneros de guerra".
*El error y el fracaso del presidente Uribe y el silencio cómplice de quienes debieran denunciar las prácticas aberrante de las FARC.

Los primero y esencial es considerar a Ingrid Betancourt como máximo  símbolo de un accionar aberrante, al que todas las organizaciones de derechos humanos (y no sólo unas pocas, como hasta ahora) deben denunciar como brutal violación a lo derechos humanos.

Desde hace cinco años, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) condenaron a Betancourt junto a muchos otros civiles como ella, a perder su libertad y todo contacto con sus hijos y el resto de sus familias.

A cambio de su libertad, la comandancia guerrillera exige desde hace años la desmilitarización de 800 kilómetros cuadrados en el sudoeste colombiano, para negociar allí un canje de prisioneros.

Este punto merece la primer aclaración: en toda guerra, prisioneros son los combatientes atrapados por el enemigo. Pero Ingrid Betancourt, como el resto de los civiles apresados en la selva, no han sido ni son combatientes. Son, sencillamente, personas secuestradas viviendo un tormento interminable, que se hace extensivo (como una onda expansiva del dolor) a sus desesperadas familias.

La negativa que desde hace años mantiene Alvaro Uribe a negociar el  canje en los términos exigidos por las FARC, tiene un lógico fundamento: Por un lado, la desmilitarización de territorios fue una concesión a la guerrilla que ensayó el anterior presidente Andrés Pastrana y que fracasó. Por otro lado, porque el canje de prisioneros por civiles en cautiverio alentaría a las guerrillas a realizar más secuestros de civiles como futuros elementos de negociación y canje.

Si ahora parece a punto de ceder en lo que siempre fue intransigente, se debe, principalmente, al fracaso de sus planes de rescate (que no se ejecutaron por falta de garantías para los rehenes) y a la tremenda presión que puso el nuevo presidente francés, Nicolás Sarkozy, para que se consiga la liberación de la ex candidata presidencial, debido a que Ingrid Betancourt tiene ciudadanía francesa.

Para Uribe esto es un fracaso. Si la guerrilla libera a los civiles secuestrados a cambio de la excarcelación de insurgentes , la pregunta será ¿por qué el presidente no hizo esto antes?

La respuesta es porque el presidente soñaba con una operación rescate. Pero como es obvio que el ejército colombiano no lograría lo que lograron los israelíes en Entebe, el aeropuerto de la capital ugandesa de Kampala donde rescataron cientos de rehenes secuestrados en un vuelo de Air France, nunca hubo ni operación militar ni canje, por lo tanto el infierno se prolongó para Ingrid y sus compañeros de tormento en la selva.

Lo único que le queda a Uribe es lograr la libertad de lo secuestrados sin liberar comandantes de la insurgencia, por caso Simón Trinidad y Nayibe Rojas; y sin la desmilitarización regional que exige la guerrilla.

Aunque también hay una revancha oculta a la que aspira el presidente: colar dentro del esperado canje la excarcelación de legisladores y gobernadores presos por tener oscuros nexos con los grupos paramilitares, lo que en Colombia llaman el “escándalo de la parapolítica”.

El propio Alvaro Uribe, en sus tiempos de alcalde de Medellín, quedó sospechado de apadrinar el surgimientos de organizaciones paramilitares; esos grupos ultraderechistas que actúan como feroces escuadrones de la muerte y que, al igual que las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), terminaron haciendo millonarios negocios con el narcotráfico.

Pero más allá del desenlace de esta tragedia humanitaria de la que Ingrid Betancourt, una dirigente joven, vigorosa y respetada, es un símbolo viviente; está el silencio cómplice de innumerables organizaciones y partidos latinoamericanos que no reprochan a las FARC sus aberrantes violaciones a los derechos humanos.

El ejército de Colombia, por los abusos que comete en su propio accionar contrainsurgente y por su complicidad con las criminales bandas paramilitares, tiene muchas cuentas pendientes con los derechos humanos. Pero eso no justifica que la guerrilla aprese en la selva a civiles para extorsionar al Estado.

Una cosa son los soldados y oficiales apresados por la insurgencia, y otra absolutamente distinta son los civiles que han perdido su libertad por una abyecta política extorsiva.

Cuando surgieron las guerrillas liberales, tras el asesinato del líder popular  Jorge Eliécer Gaitán en 1948, la rebeldía armada tenía una justificación: el magnicidio dejaba en claro que los conservadores y la oligarquía impedirían un gobierno popular del Partido Liberal.

También fue justificable el giro insurgente hacia el marxismo cuando, al promediar la década del 50, los liberales pactaron con el Partido Conservador, el mismo que pagó al sicario (Juan Roa) que asesinó a Gaitán haciendo estallar el “bogotazo”.

En aquel tiempo comenzó a crecer la leyenda de Pedro Antonio Marín, rebautizado Manuel Marulanda Vélez y finalmente conocido como Tirofijo, hoy el más viejo de todos los guerrilleros, liderando la más antigua y grande de todas las guerrillas.

Pero en las últimas décadas, las FARC se convirtieron en un inescrupuloso negocio al pactar con el narcotráfico, y al multiplicar sus ingresos con los secuestros extorsivos de empresarios y empleados de grandes empresas, cayendo finalmente en la aberrante práctica de capturar civiles y considerarlos prisioneros de guerra.

Sobre esta violación a los derechos humanos, el silencio de la región aturde.

Dejá tu comentario