La Justicia española absolvió a Shakira y ordenó devolverle 60 millones de euros
Tras conocerse el fallo, la cantante habló de un "señalamiento brutal" durante el proceso.
Shakira brilló en Brasil con un show gratuito.
La Justicia española absolvió a Shakira en la causa fiscal correspondiente a 2011 y ordenó la devolución de 60 millones de euros que la artista había abonado a la Hacienda española.
Según informaron los medios locales, la decisión se apoyó en un tramo específico del expediente donde los jueces consideraron que no quedó acreditado que la artista residiera en España el tiempo suficiente como para tributar allí ese año.
Cabe recordar que había alcanzado en 2023 un acuerdo con la fiscalía por una causa distinta, vinculada a una presunta evasión entre 2012 y 2014, por la que tuvo que abonar una multa millonaria y evitó una condena mayor. Sin embargo, en este nuevo pronunciamiento, la Audiencia Nacional le dio la razón respecto del ejercicio fiscal 2011.
Luego de la resolución, Shakira afirmó que "las cosas se han puesto finalmente en su sitio" y aseguró que durante ocho años atravesó "un señalamiento público brutal, con campañas orquestadas para destruir la reputación", además de noches sin dormir.
"Afectó mi salud y el bienestar de mi familia", sostuvo en un comunicado difundido por El País, e indicó que nunca dejó de confiar en que "la verdad se impondría" y cuestionó el tratamiento que recibió durante el proceso judicial, al señalar que fue considerada culpable "antes incluso de haber presentado pruebas".
En el mismo texto, la artista aseguró que "nunca hubo fraude" y que la propia administración "nunca pudo demostrar lo contrario". También denunció que el caso fue "filtrado, distorsionado y amplificado" y que su figura pública fue utilizada para "enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes". "Hoy esa narrativa cae, y lo hace con la fuerza de una sentencia", agregó.
Asimismo, expresó: "Mi mayor deseo es que esto sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados por un sistema que presume su culpabilidad y les obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional".
En el documento oficial, los jueces subrayaron que la propia administración reconocía una permanencia máxima de 163 días en España durante 2011, por debajo del umbral legal. También indicaron que en ese momento la cantante no tenía vínculos familiares directos en el país y que su actividad económica principal se desarrollaba fuera de territorio español.
Con esos elementos, concluyeron que "no ha quedado acreditado" que tuviera domicilio fiscal en España durante ese período y dispusieron la devolución total de las sumas abonadas, junto con costas e intereses.
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