La anulación del acta constitucional era una de las exigencias de la oposición, junto al aplazamiento del plebiscito que finalmente se celebrará como estaba previsto.
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La nueva acta no hace alusión al controvertido blindaje de los poderes que Mursi se había otorgado anteriormente, ni a la inmunidad judicial garantizada a la Asamblea Constituyente y a la Cámara alta.
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El nuevo texto dice que si la nueva Constitución es rechazada en referéndum, el presidente deberá elegir una nueva Asamblea Constituyente en un plazo de tres meses, compuesta por cien personas, que deberá terminar sus trabajos en un período no superior a los seis meses.
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La nueva declaración constitucional mantiene la posibilidad de juzgar a los responsables de los asesinatos de manifestantes y civiles cometidos entre el 25 de enero de 2011, cuando comenzó la revolución contra Hosni Mubarak, y el 30 de junio de 2012, cuando Mursi asumió el cargo tras ser elegido.
Finalmente, este anuncio constitucional se declara a sí mismo, y a todos los anteriores emitidos desde la caída de Mubarak, inapelable ante los tribunales.
En cuanto al referéndum, el vicepresidente egipcio, Mahmud Meki, aseguró en la rueda de prensa que habrá suficientes jueces para supervisar la consulta, después de que algunos grupos de la judicatura anunciaran que no van a participar en la vigilancia del mismo.
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