Un escándalo de corrupción salpica a funcionarios y empresarios españoles
La detención de medio centenar de políticos, funcionarios y empresarios en varias provincias españolas puso de manifiesto la existencia de un nuevo caso de corrupción basado en la connivencia entre el poder local y hombres de negocio a la hora de adjudicaciones públicas.
Los beneficios eran blanqueados a través de un entramado societario con ayuda de empresas que a su vez también servían para conseguir los servicios y los contratos, contraviniendo la libre competencia.
La operación empezó en enero, después de que la Audiencia Nacional accediera a una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas graves de blanqueo.
El gobernante PP y el principal partido de la oposición, el socialista, reaccionaron hoy con la medida de suspender de militancia a sus correligionarios detenidos. La respuesta pretende hacer frente al creciente descontento que la corrupción genera entre los españoles.
El sondeo mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reflejó en su última edición, el pasado 7 de octubre, que la corrupción es el segundo mayor problema que ven los españoles, sólo por detrás del desempleo.
Y es que los españoles han asistido en los últimos años a numerosos casos de corrupción en ayuntamientos y regiones, vinculados generalmente al otorgamiento de licencias y adjudicaciones en obras y servicios.
Los tribunales se ocupan desde hace tiempo de investigar y de depurar responsabilidad en ese tipo de casos, que afectan a los dos grandes partidos (PP y PSOE), pero también a sindicatos y empresarios.
La Audiencia Nacional investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular durante años, que esta formación niega, mientras su extesorero Luis Bárcenas lleva en la cárcel más de un año y surgen informaciones sobre el pago "en negro" de gastos del partido.
Los socialistas tienen su cruz en Andalucía (sur), donde una juez investiga un caso de ayudas del Gobierno regional a empresas en dificultades con un supuesto fraude en el uso del dinero del que se enriquecían particulares y cargos públicos.
Dirigentes sindicales y empresariales están en la mira por el uso de tarjetas de crédito opacas de las entidades públicas Caja Madrid y Bankia, un caso que tiene como principal protagonista al exdirector gerente del FMI Rodrigo Rato, que presidió esas entidades.
Otro caso que ha indignado a los ciudadanos en estas semanas es el del expresidente regional de Cataluña Jordi Pujol, quien admitió haber tenido cuentas en Andorra, mientras varios de sus hijos son objeto de sumarios judiciales por presunta corrupción.
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