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El relato comienza a hacer agua en lo económico

El senador nacional por el GEN-FAP advierte que el proyecto de ley que establece un régimen de exteriorización voluntaria de moneda extranjera, es injusto con quienes siempre cumplieron con sus obligaciones fiscales.

El relato comienza a hacer agua en lo económico
Escribe Jaime Linares (*)

El proyecto de blanqueo de capitales lanzado por el Gobierno Nacional representa una autorización de emisión de tres instrumentos: "el bono Argentino de ahorro para el desarrollo económico (BAADE), el "pagaré de ahorro para el desarrollo económico" y "el certificado de depósito para inversión (CEDIN), estableciendo un régimen de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extrajera en el país y en el exterior.

En este sentido, para el Ejecutivo, la exteriorización de capitales permitiría que los fondos líquidos que el sector privado mantiene actualmente bajo la forma de dólares se plasmen en tres instrumentos financieros creados con el objetivo de promover la inversión en dos áreas: proyectos de inversión pública en sectores estratégicos, como infraestructura e hidrocarburos, y la inversión en la rama de la construcción e inmobiliaria.

El Gobierno pretende que se le otorgue un nuevo cheque en blanco para generar recursos en moneda extranjera, que según sus estimaciones, serían entre lo disponible en el país y en el exterior alrededor de 200 mil millones de dólares.

Claro está, que esto representa endeudamiento público, y se deberá devolver lo "blanqueado" en la misma moneda y pagar intereses, por lo tanto no precisar a cuánto ascenderá el monto estimado, es una delegación de facultades que no compartimos y que garantiza al Ejecutivo un manejo discrecional de los recursos sin control.

Además, esta iniciativa premia a los evasores en el sentido que el importe expresado en pesos de la moneda extranjera que se exteriorice no estará sujeto a impuesto alguno. Mientras que, los evasores quedan eximidos de impuestos, los trabajadores siguen pagando impuesto a las Ganancias. Esto facilita que mediante esta vía, los que eludieron impuestos o los que estén involucrados en sobreprecios de la obra pública, trata de personas, lavado de dinero y narcotráfico, tendrán un canal disponible para legalizar (blanquear) dineros mal habidos.

Incluso, también se encuentran aquellos que de buena fe ahorraron en moneda extranjera como forma de resguardar su capital, frente a un gobierno que desde hace una década no garantiza seguridad y sus actos sólo incrementan la desconfianza de cualquier ahorrista.

Estamos hablando de dinero que ha surgido de la fuerte presión tributaria sobre pequeños  y medianos empresarios desde la década del '90, cuando el FMI exigía aumentos impositivos para cumplir metas que nunca se terminaban cumpliendo y que este gobierno ha mantenido vigentes e incrementadas.

Insistimos reiteradamente en la necesidad de una reforma impositiva generada en pleno neoliberalismo  y no corregida.

Otra contradicción es seguir promoviendo la bimonetarización porque de eso se trata ..."a los que blanqueen dólares con esta operatoria, se le van a devolver dólares"( frase bastante recordada) ya que el Gobierno promocionaba- hasta el momento- la pesificación.

La realidad es que "el relato" empieza a hacer agua en lo económico por errores propios en el tema energético. Se encuentra imposibilitado de acceder a mercados internacionales de financiamiento para infraestructura, necesita 15.000 millones de USD para importar energía este año. YPF no logra despegar por falta de recursos.

Se enamoraron del relato y no son capaces de corregir las distorsiones que han ido generando y que empiezan a ser insustentables hacia el futuro.

No podemos avalar estas leyes porque son injustas con el que cumple y con los trabajadores. El proyecto habilita el blanqueo sin origen y es una delegación más de facultades a un gobierno sospechado y denunciado de corrupción que necesita recursos.

(*) Jaime Linares es senador nacional en representación de la provincia de Buenos Aires por el GEN en el Frente Amplio Progresista (FAP), integra la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta que comenzó el jueves pasado a tratar el proyecto de ley.

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