La posición argentina en la Cumbre UE-CELAC

El economista Hernán Aruj, del GEENaP, explica las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea.

La reciente cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada por estos días en Chile, trajo otra oportunidad para discutir el acercamiento entre ambos bloques.

Durante el encuentro, la canciller alemana, Angela Merkel, pidió acelerar las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, que tuvieron un gran impulso en los 90 y fueron debilitándose durante el nuevo siglo.

La Presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue quien respondió al pedido exigiendo cambios en la propuesta elaborada en 2004, que no podía servir como base de la negociación.

El concepto enarbolado por nuestra Presidenta fue la defensa de la emergente capacidad industrial de algunos países, como Argentina, y el respeto hacia los socios más pequeños como Bolivia, Paraguay y Venezuela.

Debemos recordar que el acercamiento hacia Sudamérica fue la base del ingreso de España y Portugal a la entonces Comunidad Europea en 1986. De hecho, anexo al tratado de ingreso al bloque, se estipula que esos dos países deben ser la puerta para el acercamiento hacia América Latina.

La propuesta de área de libre comercio surgió al calor de la década de los 90, cuando la aplicación de las medidas del Consenso de Washington prometía el crecimiento ilimitado a los países que abrieran sus economías.

En ese entonces, la Unión Europea realizó una serie de propuestas que fueron inaceptables para Argentina en diferentes sectores.

En agricultura, la Unión Europea se negó a reducir su Política Agrícola Común (PAC) que subsidia la producción agropecuaria de ciertos países, como Francia. Si bien el ingreso de países de la antigua Europa del este al bloque indicaba una posible modificación a la PAC, esta no se materializó.

En pesca, a cambio de abrir sus mercados, exigió el libre acceso a los mares argentinos para las flotas pesqueras europeas durante diez años. Esto significaría exportaciones sin valor agregado y, con seguridad, la depredación de los recursos ictícolas nacionales ante una flota altamente sofisticada y extensa. Recordemos que en 1982 Groenlandia, territorio autónomo danés, se retiró de la CE para poder explotar libremente sus licencias de pesca.

En productos cárnicos, más específicamente en la ampliación de la cuota Hilton que impide a Argentina exportar más de 28000 toneladas anuales, la UE se negó a negociar. Esta anacrónica y discriminatoria cláusula instrumentada en los años 20 del siglo pasado, señalaron los europeos que "se podía ampliar, pero era un tema para discutir en la Organización Mundial del Comercio".

Como vemos, en los productos primarios en los que Sudamérica es más competitiva, la UE ofrece pocas concesiones o exige ventajas desmedidas sin eliminar las cuotas que impone. Dos temas complican aún más la negociación: la UE exige que las concesiones sean en el 90% de los productos, mientras que el Mercosur las ofreció del 88%; y la fórmula del "single undertaking", que impide que el acuerdo se firme hasta que haya acuerdo en todos los temas.

Pero, ¿qué sucede en otros sectores?

Europa exigió igualdad de trato en las compras estatales. Esto es, no aplicar en su caso particular las leyes de compra nacional, de manera que las grandes empresas europeas pudieran competir en igualdad de condiciones con las empresas originarias de nuestros países en todas las licitaciones del Estado.

En el sector manufacturero, donde Europa es altamente competitiva, ofrecieron reducciones arancelarias o libre comercio directo en bienes de media y alta tecnología. Es decir, en los sectores donde Europa ya tiene bajos aranceles.

A cambio, el Mercosur debería abrir sus mercados industriales sin obtener grandes beneficios en sus exportaciones de bienes de baja tecnología, los que ahora mayormente exporta. Por otra parte, la propuesta de la UE no incluyó la reducción de subsidios a la exportación o a la producción, sean comunitarios o estatales.
 
Además, la reducción arancelaria ofrecida ocultaba una práctica incipiente en Europa y que hoy cada vez se extiende más: la imposición de barreras no arancelarias a través del llamado "etiquetado verde".

A partir de regulaciones ambientales, tales como la medición de huella de carbono o la identificación de productos agrícolas provenientes de organismos genéticamente modificados, se establece una discriminación y por lo tanto una baja en los precios de los productos originados en países como el nuestro.

Como podemos ver, un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur adquiría un rasgo reprimarizante para los países sudamericanos en general y de Argentina en particular.

La explotación ilimitada de recursos naturales propios por parte de empresas europeas, el mantenimiento de límites a las exportaciones primarias, la invasión de productos de una industria más grande y subsidiada, y una falta de voluntad real de permitir el desarrollo de los socios sudamericanos configuraban a la propuesta europea como altamente desventajosa para la Argentina.

Es este acuerdo el que nuestra Presidenta ha rechazado, manteniendo una posición de firme defensa de la autonomía nacional para llevar a cabo un proyecto industrializador que pone como objetivo el logro de la justicia social.


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