La telefonía móvil debe ser un servicio público
El senador de Corrientes advierte acerca de la necesidad de declarar como servicio público el sistema de telefonía móvil de modo de mejorar el servicio que brindan las prestadoras.
En Argentina hay 50 millones de celulares y 8 millones de teléfonos fijos. Sin embargo, la telefonía fija es un servicio público y la telefonía móvil no.
Estamos hablando de un sistema en el que los sectores de bajos recursos financian a los sectores con más ingresos. Esto se debe entre otras cosas a que el 64% de la sociedad realiza sus llamadas a través del servicio prepago que tiene un valor por minuto más alto que el que pagan quienes abonan planes premium. Es decir que las clases bajas subsidian a las clases altas.
Además, al tratarse de empresas privadas no reguladas, las telefónicas no instalan antenas en aquellas zonas que no les resultan rentables, lo que hace que miles de argentinos que viven en poblaciones pequeñas no cuenten con cobertura. El propio Berner, durante su larga exposición en la Comisión de Medios, reconoció que mientras las empresas invierten sólo un 8% de sus ganancias es necesaria una inversión del 20% para desarrollar las áreas de cobertura.
Esta desigualdad en el funcionamiento del servicio, su baja calidad, los abusos tarifarios y las limitaciones en el acceso en múltiples zonas del país podrían empezar a revertirse si logramos transformar a la telefonía móvil en un servicio público. No se trata de estatizar. Se trata de que el Estado esté presente allí donde se lo necesita. De que se empiece a regular uno de los servicio más extendidos en el país y en el mundo que cada vez es más central en nuestras vidas. Las telefónicas deben empezar a invertir en serio y dejar de estafar a sus usuarios y es el Estado el único actor social capaz de impulsar este cambio.
Desde el mes de abril nuestro proyecto (número 1433/13) para ratificar el carácter de servicio público de la telefonía móvil está a la espera de ser tratado en el Senado al igual que otro proyecto (número 2708/13) que también presentamos para que los créditos no caduquen después de 30 días.
Los proyectos están presentados. Los usuarios cada vez se quejan más. Sin embargo, las excelentes relaciones que el Poder Ejecutivo tiene con las telefónicas hace que la situación siga empeorando para todos los ciudadanos mientras las telefónicas obtienen el 65% de sus ganancias por un servicio deficiente, abusivo y de mala calidad.
Siempre se debatió a lo largo de nuestra historia sobre las ventajas y desventajas del Estado chico y el Estado grande. Pero lo que importa no es tanto el tamaño sino los intereses que ese Estado defiende. Por eso, en relación a este tema le preguntaría al Gobierno a quién representa: ¿a los ciudadanos o a las telefónicas?
(*) Eugenio "Nito" Artaza es senador nacional en representación de la provincia de Corrientes
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