El director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría analiza los hechos más relevantes a nivel político de la semana que acaba de terminar.
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Escribe Rosendo Fraga (*)
El encuentro de la Presidenta con el Papa ocupó el centro de la escena, aunque ello tuviera más efectos en términos de imagen que de realidad política. Nueve de cada diez argentinos tienen opinión favorable respecto al Sumo Pontífice, algo que está sucediendo en otros países de mayoría católica y entre los católicos del mundo.A fines del mes pasado recibió a Dilma, en diez días recibirá a Obama y a comienzos de abril a la Reina de Inglaterra. Durante un año todos los políticos y dirigentes sociales argentinos han buscado la foto con el Papa, aunque luego no pusieron demasiados esfuerzos en concretar sus sugerencias. Esta fue la tercera vez que la Presidente argentina se reúne con Francisco.
Posiblemente, en un momento de tregua económica, tensión social y conflicto político, busca utilizar la proximidad del Papa para mejorar su imagen, que en los últimos meses ha perdido diez puntos. Pero al mismo tiempo, el problema del narcotráfico sigue mostrando la distancia concreta que existe entre el gobierno y la Iglesia.La semana pasada se reunió la Comisión Permanente del Episcopado, que lo hace dos veces por año. El tema central fue el problema del narcotráfico, considerado por los obispos -a instancias del mismo Papa- como una cuestión central. Los obispos emitieron un breve comunicado pidiendo -al igual que una semana antes lo hizo el Presidente de la Suprema Corte y lo reclamó el Departamento de Estados de los EE.UU.- medidas sobre el tema. La respuesta del gobierno se explicitó a través del secretario de Seguridad (Berni), quien insistió en negar la gravedad e importancia del problema. Pero en lo inmediato, la imagen junto al Papa ayuda al gobierno frente a la escalada en las denuncias de corrupción.
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Esta cuestión escaló durante la semana pasada en forma imprevista para el gobierno, que ya esperaba la iniciación del juicio contra los dos últimos secretarios de Transporte (Jaime y Schiavi). Vinculado con los dos años de la Tragedia de Once, el juicio contra ambos funcionarios se inició esta semana. Pero las denuncias contra el Vicepresidente (Boudou) han escalado y su defensa comienza a asumir fallos que tendrá en contra en primera y segunda instancia, los que esperan revertir en la tercera, que es la Cámara de Casación. Hasta dónde sostener a Boudou es un tema de sordo debate dentro del oficialismo. La solicitada de la familia Ciccone acusándolo de haber "robado" su empresa complica más al Vicepresidente. Pero la denuncia contra el juez federal más polémico (Oyarbide), responsable de haber resuelto favorablemente para el oficialismo las causas más conflictivas -como fue la absolución del matrimonio Kirchner en la denuncia de enriquecimiento ilícito- por haber suspendido un allanamiento en curso en una financiera por un llamado del número dos del Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, ha generado un impacto imprevisto. El llanto del funcionario en el Senado cuando defendía el acuerdo con Repsol, es una evidencia de la tensión por la cual está atravesando.
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Frente a las dudas en el oficialismo respecto a qué hacer con el caso Oyarbide, éste da señales de avanzar en cuestiones delicadas para el gobierno. Cabe agregar que otro de los secretarios privados de la Presidenta debió renunciar días atrás por enriquecimiento ilícito.
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Pero en la gestión concreta de gobierno, el conflicto salarial es hoy el problema más relevante, siendo la faz social del fenómeno económico representado por la inflación. En diez provincias que tienen más de la mitad de los alumnos de la escuela pública siguen sin empezar las clases. Se ha iniciado la tercera semana de paro y ello implica un costo importante para el gobierno que, como sucede con la inseguridad y el narcotráfico, busca trasladar la responsabilidad del problema a las provincias.El gobierno mantiene el 25% de aumento pero ofrece dar un 30% real a través de otros mecanismos y compensaciones. El jueves 20 se reunieron Moyano y Barrionuevo, los titulares de las dos centrales sindicales peronistas opositoras para definir un plan de lucha con medidas escalonadas. A su vez, la semana pasada se realizó el primer congreso del sindicalismo "combativo y antiburocrático", del que participaron 4.000 delegados y está constituido por la izquierda sindical, que decidió realizar el 9 de abril una jornada nacional de protesta con cortes de rutas y vías públicas en todo el país. El encuentro que en los próximos días mantendrá el Papa con la delegación argentina ante la Conferencia Anual de la OIT -integrada por dirigentes empresarios y sindicalistas próximos al gobierno y el ministro de Trabajo- es un gesto del Sumo Pontífice que difícilmente pueda operar sobre la realidad.
El reclamo por la inseguridad sigue diferenciando a la Casa Rosada con el gobernador de Buenos Aires. Siempre atento a la opinión pública y frente a los homicidios recientes en el Gran Buenos Aires, Scioli ha reconocido la gravedad del problema, mientras el Jefe de Gabinete (Capitanich) -quien cada vez tiene menor credibilidad en sus manifestaciones- sostuvo lo contrario, argumentando que es un fenómeno global frente al cual es muy difícil actuar. Es sobre este problema que Sergio Massa viene insistiendo, acertando en su percepción sobre lo que quiere la gente y corroborando por qué mantiene el primer lugar en todos los sondeos para la presidencial de 2015. La polémica con Zaffaroni -para quien nueve de cada diez condenas penales en Argentina son inválidas- lo beneficia, al mismo tiempo que el Jefe de Gabinete ante el Senado confirma que será enviando el proyecto del nuevo Código Penal al Congreso, al que se agregará el de un nuevo Código Procesal Penal.
Políticamente, el gobernador de Entre Ríos (Uribarri) sigue adelante con su candidatura presidencial para ser la opción K contra Scioli en las PASO del PJ el año próximo, aspiración que también tienen Randazzo y otros dirigentes del oficialismo. El Frente Progresista, que integrará al FAP, la UCR, el GEN, Proyecto Sur y lo que fuera la Coalición Cívica, se formalizará a mediados de abril y Macri ha manifestado que concurrirá a las presidenciales sin alianzas, buscando ser una "nueva alternativa".
(*) Rosendo Fraga es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría
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