Las dudas sobre el proyecto de Presupuesto 2014
Gustavo Perilli, socio de AMF Economía, evaluó tras la presentación de la iniciativa oficial que los enunciados de política económica deben ser respaldados por evidencia concreta y racional, más que por simples esbozos de voluntad.
Por Gustavo Perilli (*)
El Presupuesto del Sector Público es un documento financiero donde se resume el espíritu y la vocación de la política económica. En esta "ley de leyes" no sólo se plantean facetas jurídicas, sino también senderos económicos y sociales a partir de estimaciones de ingresos y gastos estatales, diseñadas en base a indicadores macroeconómicos clave como el crecimiento, la inflación y el tipo de cambios. Su elaboración tiene por objeto afianzar la estabilidad y la disciplina fiscal, así como contribuir en el proceso de distribución del ingreso.
Especialmente en estos momentos, no es menor el halo de responsabilidad que debe envolver el debate que, desde el jueves, se inició en el recinto de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, cuando el Ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, empezó su alocución.
El funcionario comenzó estableciendo lineamientos generales y objetivos pretendidos por la política económica, describiendo los supuestos en los que se asienta la proyección de ingresos y gastos de la Administración Pública.
Concretamente, sostuvo que la economía crecería 6,2% en 2014 y que el dólar promedio rondaría $ 6,3. Ni más ni menos, señaló que habría una aceleración del ritmo de actividad de entre 2 y 3 puntos porcentuales con respecto a 2013 y que el peso se desvalorizaría aproximadamente 15% frente al dólar en los próximos meses.
Hasta ese momento, el escenario de tensión era semejante al de "una leve garúa" de comentarios incrédulos que se enardecieron cuando el funcionario afirmó que el índice de precios al consumidor crecería poco menos de 10% en 2014.
No era para menos la exasperación general porque, si el punto de partida es dudoso, luego es imposible defender ideas tales como la de un crecimiento del PIB de 6,2%, el cierre parcial de la brecha fiscal a través de un menor gasto público y la de una expansión de 25% de la recaudación del IVA.
Las voces opositoras (liberadas de todo pasado, como siempre) empezaron a sostener que la función primordial de este documento continúa diluyéndose. Es lógico porque si no se sabe con certeza cuál será el ingreso y el gasto real del Estado, debido a la utilización de supuestos poco fiables, las tasas de interés y el tipo de cambio como indicadores básicos pierden relevancia. Por ejemplo, se desploma la noción de competitividad que, como indicador, orienta el ingreso de divisas y permite afianzar la sostenibilidad del proceso de creación de empleos.
Ello permitiría concluir, por lo tanto, que los U$S10.000 millones de superávit de balanza comercial previstos en la confección del proyecto de Presupuesto, podrían ser bastante menos, lo cual sería sumamente dañino para un stock de reservas internacionales que, actualmente, se ubica por debajo de los U$S36.000 millones.
Si la responsabilidad no impregna la elaboración de los actos, el Presupuesto no cumplirá adecuadamente su función. Paso seguido, la distorsión de precios relativos orientará deficientemente el rumbo de los negocios y, consecuentemente, la paralización de la actividad económica será inevitable.
Ello nos lleva a concluir que los
enunciados de política económica deben ser respaldados por evidencia concreta y
racional, más que por simples esbozos de voluntad. Por este camino,
lamentablemente cualquier iniciativa oficial estará
destinada al fracaso.
(*) Socio en AMF Economía y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
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