La norma, aprobada en mayo pasado, indica que los medios de comunicación en el ámbito de la Ciudad sólo podrán ser clausurados o suspendidos por la justicia porteña.
La ley, que apunta a que los medios de comunicación que operen en esta ciudad no pueden ser clausurados sino por orden de la Justicia local, fue motivo de presentaciones judiciales contra varios artículos de la ley. Se consideró en los planteos que esa norma se alza por encima de la jurisdicción federal.
Una de las presentaciones es del defensor general de la Ciudad, Mario Kestelboim, quien sostuvo que la norma porteña "desconoce la Constitución Nacional". Kestelboim sostuvo también que el objetivo de la ley del PRO "es beneficiar a las grandes empresas periodísticas, como lo son el Grupo Clarín o el diario La Nación".
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La Legislatura aprobó a fines de mayo pasado la norma con 35 votos a favor (el PRO, la Coalición Cívica-ARI y Proyecto Sur), y 15 en contra y fija que "los medios de comunicación cuyo ámbito se limite a la Ciudad no podrán ser clausurados o suspendidos, ni sus equipos decomisados sino en virtud de sentencia firme dictada por el Poder Judicial de la Ciudad".
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Establece que la ciudad "garantiza el derecho de todas las personas de buscar, expresar, recibir y difundir libremente, por cualquier medio de su elección, informaciones, opiniones, ideas" y que las autoridades porteñas "no podrán dictar actos administrativos, que directa o indirectamente, afecten las libertades de imprenta, prensa y expresión".
En diversas presentaciones ante la justicia, la ley fue cuestionada por la Confederación Sindical de Trabajadores de los medios de comunicación y Eduardo Cardenas, un vecino de la ciudad y el defensor general porteño, Mario Kestelboim, al solicitar el dictado de inconstitucionalidad de la ley.
En un fallo dividido, los jueces del TSJ José Casás, Ana María Conde e Inés Weinberg se inclinaron por rechazar el tratamiento de los pedidos porque los planteos no estaban correctamente fundados. En cambio, los jueces Luis Lozano y Alicia Ruiz votaron por abrir el expediente y analizar los planteos realizados contra la ley.
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