La Legislatura aprobó penar con prisión a evasores fiscales porteños

Política

El proyecto de ley presentado por Martín Ocampo (PRO) fue aprobado con 49 votos positivos. Modifica el Código Fiscal vigente y prevé penas de prisión de entre dos y seis años.

La Legislatura porteña aprobó este jueves una ley del macrismo que faculta a la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) a denunciar a contribuyentes que fueran considerados como evasores fiscales o tributarios ante la justicia penal y así constituir una causa que podría incluir la pena de prisión.

La iniciativa partió del legislador del PRO, Martín Ocampo, y fue aprobada con 49 positivos en el marco de la sesión ordinaria de la Legislatura. Su aprobación implica introducir una modificación al artículo tercero del Código Fiscal vigente.

La reforma otorga a la AGIP la facultad para denunciar "ante el fuero Penal Contravencional y de Faltas  de la Ciudad la presunta comisión de los delitos tipificados en la ley 24.769 y sus modificatorias, cuando entendiere que se ha ejecutado una conducta punible dadas las circunstancias del hecho y del elemento subjetivo".

De acuerdo con la norma sancionada "será reprimido con prisión de dos a seis años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

No obstante, aclara que ello ocurrirá "siempre que el monto evadido excediere la suma de 400.000 pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un año".

"El nivel de evasión tributaria y fiscal es algo que preocupa a todos los organismos de recaudación de Gobierno; sean nacionales, provinciales o municipales; y los esfuerzos por contrarrestarla resultan, por lo general, escasos frente a la cantidad de situaciones que se presentan", sostiene el texto de la ley aprobada por la Legislatura que deberá reglamentar el Ejecutivo.

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