El Congreso, en el centro de la agenda política de la semana

El Congreso promete estar en las próximas semanas una vez más en el centro de la escena a raíz del proyecto de ley presentado por el oficialismo por el cual se busca regular la protesta social. La iniciativa, reclamada por la propia presidenta Cristina Kirchner durante el discurso que brindó el pasado 1º de marzo ante la Asamblea Legislativa en el marco de la apertura del 132º período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, generó una fuerte polémica entre los distintos referentes de la oposición.

YPF

El plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja emitieron dictamen de mayoría el 10 de abril pasado al acuerdo de "solución favorable" en la disputa con Repsol por la expropiación del 51% de sus acciones en YPF.

Del debate de la iniciativa participaron, entre otros, el CEO de YPF, Miguel Galuccio; el ministro de Economía, Axel Kicillof y el secretario de Legal y Técnica de la presidencia de la Nación, Carlos Zannini. El proyecto obtuvo el respaldo del kirchnerismo y aliados aunque fue rechazado por la Unión Cívica Radical (UCR), el Frente Amplio Progresista (FAP) y UNEN que marcaron su rechazo por tener discrepancias con la tasación de la empresa. De acuerdo con el Tribunal de Tasaciones de la Nación, Repsol debe ser indemnizado por la parte que le fue expropiada en YPF, con 5.000 millones de dólares. El pre acuerdo alcanzado entre las partes, que debe ser refrendado por el Congreso, estipula el pago de ese monto por medio de títulos públicos a lo largo de los próximos 20 años.

"Es un precio razonable y justo" advirtió durante su exposición Kicillof quien además recalcó que "el valor de YPF como activo estratégico es mucho mayor que el que pagará el Estado por él".

El PRO, en tanto, que ya había votado en contra dos años atrás de la recuperación de YPF por parte del Estado para mantenerla en manos de privados, ya advirtió que votará en contra del acuerdo mientras aún se desconoce cuál será la posición del novel Frente Renovador que tiene a Sergio Massa como su principal figura.

A pesar del rechazo de un sector de la oposición, el oficialismo cuenta, junto con aliados, con los votos necesarios para darle sanción definitiva al proyecto, por lo que el miércoles la iniciativa se convertirá en ley y se abrirá así una nueva etapa en YPF que promete, según aseguran desde la empresa, atraer nuevas inversiones para avanzar en la explotación del yacimiento de petróleo no convencional de Vaca Muerta.

Trabajo informal

El martes el Senado comenzará a debatir en comisiones el proyecto anunciado la semana pasada por la presidenta Cristina Kirchner para combatir contra el trabajo informal en la Argentina. La iniciativa, anunciada apenas unos días después de un paro nacional lanzado por las centrales obreras opositoras que sin embargo no incluyeron este tema en su pliego de reclamos, busca entre otras cosas destinar 4.150 millones de pesos en beneficios para los empleadores.

El primero en presentarse ante las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, será el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. A partir de las 15 del próximo martes, el Ministro expondrá detalles acerca de la iniciativa y responderá a las preguntas de los senadores.

El proyecto, según anunció la mandataria días atrás, apunta a beneficiar a unos 290 mil microempleadores para lo cual serán destinados, en principio, 4.150 millones de pesos. De dicho monto el 65% estará dirigido a las microempresas para "facilitar la registración" de trabajadores.

Entre los puntos más destacados de la iniciativa que comenzarán a discutir en la Cámara Alta se encuentran:

Refuerzo de la Fiscalización Nacional. Se propone dotar al Estado Nacional y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) de nuevos instrumentos legales que potencien su capacidad de control del fraude laboral y el trabajo infantil en todo el país, especialmente teniendo en cuenta los recursos desiguales que tienen los estados provinciales para volcar a la inspección laboral, y la necesidad de garantizar un piso de acceso a los derechos laborales uniforme a lo largo de todo el país.

Nuevas formas de Sanción/Disuasión a Empleadores Evasores. El plan contempla la creación de un Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) donde se incluirán los empleadores que tomen trabajadores no registrados o incurran en fraude laboral detectado por el MTEySS, AFIP, el RENATEA, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por los organismos provinciales.

Los empleadores sancionados permanecerán en el Registro un cierto tiempo en el cual no podrán acceder a determinados beneficios de políticas públicas y realizar algunas operaciones comerciales, y de reincidir en un plazo determinado, perderán beneficios impositivos. El Registro busca aumentar la sanción para quienes contraten empleo irregular y potenciar la condena social como forma de disuasión al fraude laboral.

Sistema de Incentivos a los Micro y Pequeños Empresarios. La lucha contra el trabajo no registrado es una combinación de sanciones contra el fraude laboral e incentivos para aquellos empleadores que usan la no registración para mantener unidades productivas precarias en lo económico.

La ley propone crear un Régimen de Seguridad Social especial para micro-empleadores de baja facturación que implicara descuentos en cargas sociales y ART, y un descuento de contribuciones patronales por dos años en aquellas pymes que contraten nuevos trabajadores.

Creación de una Unidad Especial de Investigación del Fraude Laboral. Las formas modernas de control de fraude laboral combinan, cada vez más, la inspección del trabajo tradicional que recorre el territorio con nuevas formas más cualitativas y multidisciplinarias de seguimiento de las cadenas de valor, los movimientos financieros, y la construcción de indicadores mínimos de trabajadores en sectores difíciles de fiscalizar.

Se propone la creación de una unidad especial encargada del control de formas variadas de violación de la normativa laboral (entre ellas el trabajo no registrado y la subcontratación fraudulenta) en sectores complejos de fiscalizar con las herramientas tradicionales.

Convenios de Corresponsabilidad Gremial: La ley propone ampliar la potestad para firmar  Convenios de Corresponsabilidad Gremial en el sector agrario y afines, un mecanismo mediante el cual empresarios, trabajadores y Estado acuerdan el salario, las condiciones de trabajo y la registración a la seguridad social de trabajadores en sectores con mucha estacionalidad tradicionalmente complejos para la registración.

Regulación de la protesta social

Aunque todavía no hay fecha fijada para su análisis en comisón, el proyecto de "Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas" presentado el miércoles pasado en Diputados con la firma de diputados del oficialismo ya generó polémica y promete convertirse en uno de los debates más álgidos del año.

La iniciativa, que responde al reclamo formulado por la Presidenta el pasado 1º de marzo prevé distinguir, de acuerdo con una serie de criterios, entre legítimas e ilegítimas y las condiciones en que las ilegítimas deben ser  "dispersadas" para garantizar que no se lesionen los derechos de terceros.