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La Corte Suprema se reunirá este martes para tratar la ley de subrogancias

Política

La Corte Suprema de Justicia se reunirá el martes para abordar el tratamiento de la constitucionalidad o no de la nueva ley de subrogancias, que le permite al Consejo de la Magistratura nombrar jueces suplentes y que fue suspendida por seis meses por medidas cautelares dictadas por magistrados.

Los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
El tema será tratado en una reunión del máximo tribunal a la que fue invitada la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien, según fuentes consultadas, no irá a la Corte.

Es que la Procuradora firmó el dictamen sobre el caso y el escrito será presentado ante la Corte por Víctor Abramovich, Procurador fiscal ante el máximo tribunal.

La Corte deberá analizar la ley 27.145 por la cual el Consejo de la Magistratura puede nombrar con mayoría simple de votos a jueces subrogantes de una lista de secretarios judiciales o de abogados elegidos por el Gobierno Nacional.

Se trata de la ley con la que por mayoría se apartó al juez de la Cámara Federal de Casación Luis María Cabral y nombró en ese tribunal a los abogados Marcelo Vázquez, que luego fue suspendido en el cargo por un fallo, y a Norberto Frontini y Roberto Boico.

Lo que debe resolver la Corte es un pedido de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires contra la designación de Laureano Durán como juez federal de La Plata que además tiene la competencia electoral.

Durán en realidad no fue designado por la nueva ley de surbogantes pero el juez federal Alberto Recondo declaró inconstitucional su nombramiento y amplió su resolución a la nueva norma cuestionada.

Ese fallo fue revocado por la Cámara Federal de La Plata y la UCR apeló a la Corte Suprema que ahora debe resolver. Luego de la reunión de mañana, el alto tribunal pude definir el tema, aunque no tiene plazos para ello, según explicaron las fuentes.

La ley de subrogancias 27.145 ya obtuvo medidas cautelares contra dictada por distintos jueces que ordenaron la suspensión de su vigencia por el plazo de seis meses.

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