Fuerte crítica de De Narváez a la Ley de Hábitat en Provincia

Política

El diputado opinó por Radio 10 que la norma que obliga a los barrios cerrados a ceder tierras para la construcción de viviendas sociales "destruye la propiedad privada".

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El diputado Francisco De Narváez dijo que la Ley de Hábitat, que cuenta con media sanción en la Legislatura provincial, es "compleja y peligrosa" y reclamó que de aprobarse "se destruye el derecho a la propiedad privada".

En comunicación con Radio 10, el diputado pidió que la Provincia revise la iniciativa. "Si la ley es sancionada, está la opción del veto parcial o íntegro", señaló De Narváez. "Todo emprendimiento que supere la media manzana va a estar sujeto a expropiación. Se destruye el derecho a la propiedad privada, nuestra Constitución dice que es inviolable", reclamó.

"Quiero un Estado que intervenga, no uno bobo que destruye todo. No quiero un Estado que controle la palabra y la propiedad privada", sintetizó el diputado del Peronismo disidente.

Asimismo, De Narváez indicó que fueron el único bloque que votó en contra de la Ley de Hábitat. "Creo que muchos legisladores no leyeron el entramado de la ley", sintetizó el diputado.

La iniciativa, que ahora debe ser tratada en el Senado provincial, modifica la Ley de Ordenamiento Territorial y uso del suelo sancionada en 1977 para "abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbana habitacional, desalentando las prácticas especulativas" sobre la tierra.

La norma fue respaldada por los legisladores del Frente para la Victoria-Partido Justicialista Alicia Sánchez, Alberto España y Guido Lorenzino; de la Coalición Cívica Walter Martello; de Alternativa Peronista, Ricardo Lissalde; de Radicales del Pueblo, Carlos García; del Frente Amplio Progresista, Ricardo Vago; del Pro Peronismo, Marcelo Di Pascuale; de Nuevo Encuentro, Adrián Grana; de la Unión Cívica Radical, Walter Carusso; y de Proyecto Bonaerense, Jorge Solmi.

El punto más discutido del proyecto radica en que los grandes emprendimientos urbanísticos privados nuevos deban ceder tierras a los municipios para viviendas sociales.

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